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Tras la orden de arresto que giró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Presidente Municipal de Tlalquitenango, Jorge Martínez Urioso y el Síndico, el Alcalde minimizó la situación y reiteró que no pagará los más de 300 mil pesos que ordenó pagar el Tribunal al ex policía que fue despedido, al parecer de manera injusta, luego de un accidente que tuvo en un evento propio de su labor como policía.
De acuerdo a lo dicho por el munícipe, Óscar Bastida Zúñiga ex trabajador en mención, fue reinstalado el pasado 11 de mayo pero dejó de presentarse a trabajar.
Martínez Urioso dijo que no puede pagar esa cantidad que le solicitan porque el ayuntamiento carece de recursos suficientes para hacerlo por lo que dijo que “si nos arrestan, que nos arresten; no tenemos ninguna objeción; Acataremos lo que la autoridad haga, pero vamos a darle el seguimiento y eso no nos intimida por defender los intereses del municipio”.
Dijo que se ha tratado de negociar con el policía, pero no pueden pagar más de 30 mil pesos, ya que además, manifestó que el ayuntamiento ha pagado más de un millón 800 mil pesos en indemnizaciones por asuntos laborales. Cabe referir que adicional a este laudo, el ayuntamiento de Tlaquiltenango tiene pendiente enfrentar 16 procesos más que también exigirán recursos.
INFORMACIÓN AMPLIADA…
ORDEN DE ARRESTO CONTRA ALCALDE Y SÍNDICO DE ZONA SUR
13 enero 2011, 16:12 hrs
Claudia Marino
El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ordenó el arresto del presidente municipal, Jorge Martínez Urioso; y del síndico municipal, Humberto Prudencia Ríos Flores de Tlaquiltenango por desacatar una sentencia que ordenó la indemnización y reinstalación de un ex elemento de la policía municipal.
El arresto de los dos servidores públicos fue ordenado ya que incurrieron en reiterada resistencia para cumplir con la sentencia del expediente TCA/2aS/11/08 por no indemnizar con 309 mil 986 pesos al policía Óscar Bastida Zúñiga, el cual fue despedido luego de haber sufrido un accidente durante el cumplimiento de su deber, y negarse a reinstalarlo en un puesto acorde a la discapacidad física que padece derivada del accidente que tuvo.
Trascendió que el TCA había agotado algunas medidas de apremio y disciplinarias, sin embargo el Ayuntamiento de Tlaquiltenango mantuvo una postura de desacato a la sentencia del tribunal administrativo, por lo que en un oficio del pasado 10 de enero de 2011, el Tribunal tuvo que solicitar el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para ejecutar el arresto por 36 horas de estos dos funcionarios, que podrían evitarlo si cumplen de inmediato con la sentencia o bien, si obtienen suspensión del juzgado federal contra la medida.
Entre tanto, se buscó al alcalde para conocer sobre su situación y cuál será su decisión al respecto, sin embargo, toda la mañana estuvo en una “reunión a puerta cerrada en un conocido restaurante de la zona sur” y no se pudo contactarlo.
