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El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juez Décimo de Distrito en Puebla la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-VII/0088/2011 contra Gabriel Alejandro Sigler Ochoa y 47 personas más, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo en las modalidades de posesión y comercialización de objetos robados, ésta última considerada como delito grave, y por el delito de encubrimiento por receptación, y además contra Gabriel Alejandro Sigler Ochoa, por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal de Teléfonos de México, relativa a la existencia de puntos de acopio en que se compraba y vendía cobre extraído del cable propiedad de la empresa que representa, producto de constantes robos los cuales ocasionaron interrupciones del servicio telefónico en diferentes municipios del estado; el agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa respectiva.
Derivado del desarrollo de la indagatoria cumplimentó una orden de cateo con el apoyo de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), personal pericial y el apoderado legal de Telmex, con peritos habilitados en identificación de cable de su propiedad en el inmueble ubicado en la privada Hidalgo de la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Puebla, con la razón social «Comercializadora de Metales Angelópolis S.A. de C.V.».
En dicho lugar el Fiscal Federal aseguró:
� Dos toneladas 550 kilos 600 gramos de cable de cobre
� 180 gramos de cartuchos organizados para arma de fuego calibre 7.62×51 mm
� 13 vehículos, entre ellos dos tráileres, una camioneta, una vagoneta, cuatro pick up y cinco montacargas
Asimismo, se aseguró a las siguientes personas:
1. Gabriel Alejandro Sigler Ochoa (administrador)
2. Irma Méndez Martínez (jefa de compras)
3. Aquilino Marcos Flores (contador)
Así como empleados administrativos, de seguridad, choferes y obreros de nombres:
4. Juana Lorenzo Ortiz
5. Manuela Tecalero García
6. Gerardo Portela Enríquez
7. Saúl Díaz Bahena
8. Rosalva Magaña Jiménez
9. Erika González Mendoza
10. Aldo Martínez Bahena
11. Octavio Lezama González
12. Osvaldo Rocha Fernández
13. Raúl Padilla Minor
14. Alejandro Honorato González
15. Ramón Gutiérrez Reyes
16. Miguel Hernández Sánchez
17. Sebastián Galindo Zitle
18. Juan Carlos López Pérez
19. Germán Flores González
20. Andrés Fernández Cortez
21. Manuel Culleo Corona
22. Bonfilio Romero García
23. Ramiro García García
24. Nieves Carrera Jiménez
25. Gabriel Rosario Martínez
26. Mauricio Gamboa González
27. Ignacio Rojas Moreno
28. Alberto Valerdi Ramírez
29. Alejandro Hernández Yáñez
30. Jesús Bautista Pérez
31. Juan Carlos Vidal García
32. Adrián Rojano Rosas
33. Pedro Castillo Torres
34. Gabriel Trejo Santiago
35. Flavio Reyes Méndez
36. Rodrigo Martínez Méndez
37. Jorge Campos Arias
38. Gabriel Milla Pachuca
39. Martiniano Vázquez Zais
40. Gerardo González Zamorano
41. Ramiro Torres Vázquez
Y a los siguientes vendedores que llegaron en el momento de la diligencia para comercializar 600 gramos de cable de cobre:
42. Javier Guerrero Cabeza
43. Leandro Hernández Evangelista
44. Marcos Muñoz Palacios
45. Carlos Alducín Flores
46. Saúl Casarín Díaz
Además, en un inmueble ubicado en la calle Siete Oriente de la colonia El Arenal, en la población de Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc de Mota, con la razón social «Recuperadora de Metales y Ferrosos Márquez», se aseguraron:
� Tres kilos 200 gramos de cable de cobre
� Dos camionetas
� Un trascabo
� Una máquina para prensar metal
Y se detuvo a los propietarios del lugar:
47. Alfredo Márquez García
48. Francisco Javier Márquez García
Derivado de lo anterior, el Fiscal Federal ejercitó acción penal contra los detenidos y los puso a disposición del Juez Federal en turno en el interior del Centro de Reinserción Social del estado, quien resolverá su situación jurídica; dejando a su disposición los inmuebles, el material de cable de cobre, los cartuchos y vehículos asegurados.
El Gobierno Federal sigue trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la seguridad de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.
