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REALIZAN MARCHA EN TLALTENANGO MAESTROS JUBILADOS

Maestros jubilados presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia de Morelos en contra de quien resulte responsable por presuntos actos de intimidación por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

Los docentes señalan que desde el pasado 25 de febrero han recibido llamadas telefónicas o visitas en sus hogares de personal de la junta de conciliación y arbitraje y del IEBEM quienes les exigen que desistan de la denuncia anteriormente presentada, para exigir el pago de la prima de antigüedad, y que sólo reciban el bono de 9 mil pesos acordado por autoridades educativas.

Por este motivo, esta mañana los maestros jubilados realizaron una marcha de la glorieta de Tlaltenango hasta la procuraduría de justicia donde presentaron una denuncia de hechos para que las autoridades correspondientes investiguen y deslinden responsabilidades.

Luego de entrevistarse con el subprocurador de la zona metropolitana, se acordó que a partir del lunes cada uno de los maestros deberá ir personalmente a ratificar su denuncia.

Los docentes también integraron un documento dirigido al gobernador del estado, Marco Adame Castillo, en el cual solicitan lleguen a un acuerdo con el congreso local en el recurso monetario destinado para el pago del incentivo a cerca de 8 mil maestros jubilados, ya que el gobierno estatal aun desconoce los 24 millones de pesos más acordados por el legislativo para el pago, así también están solicitando que se destituya del cargo a la presidenta de la junta local de conciliación y arbitraje, Karla Guerrero Alonso, a quien señalan como responsable de hostigamiento denunciado.

Joel Espinoza, de la Asociación Civil “Por la educación y la justicia social”, declaró “al insistir de vía telefónica y de manera personal, presionando a través de funcionarios de la junta local de conciliación y arbitraje, representantes y funcionarios del Instituto Estatal de Educación Básica, fundamentalmente es una denuncia de hechos para una acción penal en contra de éstos funcionarios principalmente los de conciliación y arbitraje”.

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