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Abogados penalistas acusaron a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de cometer actos de corrupción para lograr colocar en las nuevas plazas de jueces en el sistema de justicia oral a sus amigos y compadres, tal es el caso de Nancy Aguilar, secretaria particular del magistrado presidente, Miguel Ángel Falcón Vega, así como Gabriela Acosta, proyectista de la consejera María del Carmen Cuevas.
Acusaron que el proceso de selección de jueces está altamente influenciado por la Procuraduría General de Justicia, pues la lista de los aspirantes externos se compone por agentes del Ministerio Público.
Durante una rueda de prensa esta mañana, el presidente de la asociación de abogados penalistas, Uriel Guadarrama Carreño, exigió al consejo de la judicatura una revisión a fondo del actuar de los jueces orales, pues acusó actos de corrupción que ameritarían el cese de los impartidores de justicia.
“…estamos haciendo un llamada de atención, enérgica, en el sentido que los jueces orales, del nuevo sistema de justicia penal deben ser evaluados de manera inmediata, deben ser reevaluados en su actuar porque estamos observando una serie de anomalías de errores cometidos en su función, sobre todo porque en el momento de resolver preliminarmente o en sentencias definitivas a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, le dan un valor probatorio total y absoluto y las pruebas de defensa, de descargo, les dan un valor de menor relevancia…”, detalló Uriel Guadarrama Carreño.
Este mismo lunes, en un comunicado de prensa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Falcón Vega, negó favoritismos en el proceso de selección de jueces e informó que su secretaria particular dejó su cargo desde hace una semana por motivos personales.
