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La mañana de este martes, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgó la Ley de Migración desde el Salón Adolfo López Mateos, ubicado en la Residencia oficial de Los Pinos.
La nueva ley termina con los pretextos de la división de competencias y obliga a toda autoridad a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria; además privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos en México, independientemente de la condición migratoria.
«Todas las autoridades que tengan bajo su mando algún tipo de fuerza pública o policial estamos obligadas a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria. La división de competencias no será, no debe ser ya un pretexto para no atender delitos ofensivos y graves contra quienes migran, como son el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, la violación y muchas otras», sentenció.
También, con la nueva legislación se contempla la formalización de un Centro de Evaluación y Control de Confianza en el que se evaluará a todos los integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante el evento, el Presidente señaló que “la división de competencias no será ya un pretexto para no atender los delitos ofensivos y graves contra quienes migran”. Sin embargo indicó que mientras Estados Unidos carezca de un marco legal que encause de forma legitimada y ordenada el flujo natural de migrantes; éstos seguirán en riesgo de ser explotados y manejados por criminales sin escrúpulos.
Así mismo, Calderón instruyó a su secretario de Gobernación, Francisco Blake, a que inicie un proceso de evaluación y depuración del INM y a que acelere el proceso de manera clara; informando sistemáticamente el avance de dicho proceso.
Durante esta mañana Calderón firmó el decreto de expedición de la Ley de Migración y de cambios a las leyes General de Población, contra la delincuencia organizada, de la Policía Federal (PF), y de Asociaciones religiosas, así como los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, la cual obliga a los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal a seguir y prevenir delitos contra los migrantes.
La firma se realizó ante la presencia del presidente de la Comisión nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, líderes de organizaciones defensoras de migrantes, los gobernadores de Tabasco y Chiapas, Andrés Granier y Juan Sabines, respectivamente.
