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La Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) llama mediante un comunicado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a acatar las disposiciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con el fin de resolver la situación en el fuero castrense, pidiendo una reforma al Código de Justicia Militar y que los casos de violaciones en materia de los derechos humanos sean juzgados en los tribunales civiles, sin excepción.
La invitación por parte de la ONG se realiza, tras saber que el día de hoy, los ministros del máximo tribunal mexicano se reunirán para debatir si se debe restringir el fuero militar; con lo que deben analizar la relevancia de las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos en relación con la Constitución, por lo que Human Rights W «insta a la Suprema Corte a hacer cumplir la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso, que reconoce a los derechos consagrados en los tratados internacionales suscriptos por México la misma jerarquía que a los derechos garantizados por la Constitución».
Por tal hecho, en el comunicado, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, destaca la trascendencia de este debate, pues la organización ha insistido en que la impunidad caracteriza hasta ahora los delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, y es necesario que los casos sean investigados fuera de la justicia castrense.
Cabe mencionar, que la CoIDH ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de «compatibilizar con los estándares internacionales», y afirmó que «frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar»; esto como parte de las obligaciones que impone la sentencia vinculante a dicha corte, emitida en noviembre de 2009.
Vivanco sostuvo que las violaciones a los derechos por parte de militares se investiguen en el fuero civil y recordó que en su informe «Impunidad Uniformada» la organización documentó que en México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, por lo que «los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario los aparte de su cargo u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que este no comparte” e insistió que «el control civil de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitado. Y lo que es aún más grave es que prácticamente no existe ningún escrutinio público ni información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, que pueden extenderse durante varios años».
Finalmente, en el comunicado se critica la reforma propuesta por el presidente Felipe Calderón, en octubre del año 2010, donde se estipula que para modificar el sistema de justicia militar pues sólo contempla que tres tipos de violaciones de derechos humanos: -desaparición forzada, violación y tortura, sean juzgados ante autoridades civiles, mientras que la investigación y el juzgamiento de otras violaciones graves seguirán a cargo del sistema de justicia militar.
