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Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de abogados se pronunciaron porque el Congreso del estado trabaje en reformas a la ley de justicia para adolescentes en el estado de Morelos, de tal forma que las sanciones para los menores que cometan delitos graves sean severas, pero no sólo se legisle en las penas, sino en la prevención, a fin de evitar que más niños y adolescentes se involucren con la delincuencia organizada.
Dirigentes de asociaciones civiles coincidieron en que la legislación de Morelos no estaba preparada para atender casos como el del menor Edgar “N”, apodado “el Ponchis”, de ahí que es necesario hacer una revisión a la ley, sin violentar los derechos humanos de los menores.
La presidenta de la barra de abogados, Adela Manzanares, incluso propuso que las penas para menores infractores incrementen de 7 años como mínima y 10 años como máxima, ya que actualmente es de 3 a 5 años.
“Incrementando las penas es un tema que sólo pone énfasis en un aspecto que es el castigo pero no en la prevención y no en garantizar que se tomen medidas adecuadas, para que los menores no caigan en las redes criminales, entonces creo que se requiere una ley adecuada que proteja los derechos de los menores que adecuen a los estándares en materia de derechos humanos de los niños y niñas y que cuando se castigue sea proporcional”, declaró José Martínez Cruz, presidente CIDH.
