Zona Centro Noticias El poder de la información
A fin de contar con elementos que permitan un proceso electoral transparente y apegado a las disposiciones legales en la materia, la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), impartió este martes el curso “Blindaje Electoral y Prevención del Delito” a elementos policiales del Estado, así como funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.
En las instalaciones de Torre Morelos, personal de la FEPADE entregó a elementos de la dependencia estatal el “Manual de Delitos Electorales para Cuerpos Policiales”, en donde se destaca la función de la policía para el salvaguardar la integridad física, los derechos de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz social en los próximos comicios electorales.
Se estableció que las funciones de la Fiscalía se suscriben en la investigación y persecución de todos los hechos que constituyan delitos electorales federales y el establecimiento de acciones para evitar la comisión de conductas ilícitas, durante el proceso electoral a realizarse el mes de julio del año 2012, en donde se habrá de elegir al presidente de la República, Senadores y Diputados Federales.
En dicho proceso se establecen las facultades y responsabilidades de los cuerpos policiales como primera línea de acción a favor del orden, quienes además deben brindar auxilio a los órganos electorales y los presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Dentro de la capacitación y la entrega del “Manual de Delitos Electorales para Cuerpos Policiales”, están contenidas las conductas constitutivas de delito electoral como el detectar que se recogen credenciales para votar, que se impida el traslado o entrega de materiales electorales, que se realice proselitismo o propaganda electoral el día de la jornada en el interior de las casillas, votar o pretender votar con credencial de elector de otra persona, violar el secreto del voto.
Además de lo anterior, constituyen delitos electorales el abrir o cerrar dolosamente una casilla fuera de tiempos previstos en la ley, comprar el voto de los ciudadanos, impedir la instalación de una casilla, transportar personas coaccionándolas para que voten a favor de un candidato o partido político e introducir o sustraer de las urnas ilícitamente boletas electorales; apoderarse, destruir o alterar documentos o materiales electorales.
De manera paralela, recibieron capacitación en la materia, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes se les entregó el manual “El ABC de los Funcionarios Públicos en relación con las Elecciones”, a través del cual se pretende que se identifiquen faltas administrativas y delitos electorales para evitar la comisión de los mismos.
En la capacitación se destacó el valor del voto, como acción de fortalecimiento de la democracia, en donde se expresan las preferencias sociales a través del voto, cuyas características son Universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
En el curso se abordó el tema de los programas sociales, cuyo objetivo gubernamental es el de apoyar a la población vulnerable del país y no como instrumento para beneficio de alguna persona, candidato o partido político condicionando algún servicio para tal fin, por tanto, cualquier uso distinto será considerado como delito electoral.
En el caso de los servidores públicos, se destacó el hecho que no pueden hacer uso de sus funciones ni de los recursos asignados para beneficiar o promover alguna preferencia política a favor de algún particular o partido político.
Tanto los servidores públicos como la ciudadanía en general, están obligados a denunciar cualquier delito electora, para ello la FEPADE cuenta con la línea gratuita 01 800 833 72 33, así como las cuentas de correo electrónico fepadenet@gr.gob.mx y fiscalenlinea@pgr.gob.mx y la página de internet www.pgr.gob.mx/fepade en donde se cuenta con información y se puede accesar al sistema de predenuncia.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, está comprometida con la legalidad y transparencia y habrá de colaborar con todas las instancias en materia de seguridad y prevención en todas sus vertientes.
