COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS RECHAZA MORELOS SEGURO

La inseguridad y violencia no se resuelven con militarización y estado policiaco. La situación de violencia e inseguridad en el estado de Morelos es sumamente grave desde varios años atrás, donde crecen las cifras de muertes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, cuerpos mutilados, feminicidio creciente, criminalización de los jóvenes, secuestros, extorsiones, robos con violencia, asaltos, en medio de la impunidad y la complicidad entre autoridades y quienes cometen toda clase de delitos.
El gobierno estatal de Marco Adame y federal de Calderón, han anunciado la implementación del «Operativo Morelos Seguro» a partir del día de hoy en Gobernación, anunciando una serie de medidas entre las que destacan el crecimiento exponencial de las fuerzas federales, PFP y militares, en la entidad en pleno proceso electoral.
La reacción gubernamental ante las crecientes protestas ciudadanas se ubica claramente como un recurso demagógico, ya que lejos de brindar una respuesta clara a los reclamos de seguridad mediante la erradicación de la impunidad y la complicidad de las autoridades con elementos policíacos y de diversas instituciones de seguridad pública y procuración y administración de justicia, así como de los diferentes niveles de gobierno, pretende establecer permanentemente una medida que en su momento se anunció como transitoria, como es el hecho de utilizar al Ejército en labores de seguridad pública que no le corresponden constitucionalmente.
Muy lejos de incorporar el enfoque de derechos humanos y que los ciudadanos participen en el diseño, control y evaluación de las políticas dirigidas contra la inseguridad, el Programa «Morelos Seguro» pretende imponer la idea de pensar que con más armas, mayor equipamiento y más elementos en las Fuerzas Armadas se acabará con el narcotráfico y la delincuencia organizada o no.
El gobierno de marco Adame ha sido omiso en el cumplimiento de esta labor de proteger los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, así como a los bienes de las personas.
Ante la nula eficacia en el combate a la delincuencia y frente a la violencia que estas fuerzas ejercen sobre la población civil, demandamos un cambio de estrategia política que permita establecer una real seguridad ciudadana y demandamos del Congreso del Estado de Morelos que asuman su responsabilidad para que vuelva al ejército a sus cuarteles y que las medidas para enfrentar la violencia criminal no sean exclusivamente mediante la violencia institucional sin con políticas públicas integrales en donde los derechos humanos no sean hechos a un lado.
La guerra llevada a cabo por el gobierno de Calderón por el control monopólico del narcotráfico en México (de acuerdo al Informe Bourbaky) busca utilizar las ganancias capitalistas de este sucio negocio y no eliminarlo. Las ganancias se maximizan, las consecuencias las pagan la mayoría de la sociedad. El consumo de drogas se eleva, casi en la misma proporción que el número de muertos.

Compartimos la opinión de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de desaconsejar el uso del ejército en labores de Seguridad Pública, ya que la experiencia internacional ha mostrado los efectos contraproducentes que conlleva utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de que violentan el estado de derecho, toda vez que los retenes y presencia militares son ANTICONSTITUCIONALES (Art. 129), violentando no solo el estado de derecho sino las garantías de las y los habitantes de Morelos, restringiéndoseles su derechos al libre tránsito, a la presunción de inocencia, a gozar de la seguridad pública y a vivir una vida libre de violencia, entre otras.
En la lucha contra el crimen organizado, no se puede ni se debe abrir paso a la violación a los derechos humanos, lo que es común en lugares donde el ejército ha montado operativos las violaciones a los derechos humanos son los posibles riesgos que se presentan cuando se utiliza una fuerza que está capacitada para otras tareas, para las cuales tiene una capacitación específica, que implica eliminar el enemigo, pero hay que recordar que en nuestro país está prohibida la pena de muerte que se ejerce de facto en esta guerra.
El fracaso de los operativos «Michoacán Seguro», «Guerrero Seguro» y «Veracruz Seguro» o «Chihuahua Seguro», con un crecimiento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, solo nos lleva a ratificar nuestro rechazo a esta clase de planes de militarización como es hoy el «Morelos Seguro».

La alternativa ante una estrategia militar que abona decepción continua y falta de credibilidad, es la participación ciudadana activa, crítica y plural. Las políticas de seguridad ciudadana, deberían estar en reemplazo del concepto de seguridad pública, pues ésta tiene en el centro de acción al Estado, no a la persona ni el respeto a las libertades. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y, por lo tanto, del desarrollo humano.La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.