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FIRMAN EN MORELOS CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA PERIODISTAS

El Gobernador Marco Adame Castillo; la Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez; Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; la Consejera presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); y una representación del Foro de Periodistas, firmaron un Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Implementación de Acciones de Protección para Periodistas del Estado de Morelos.

Con este instrumento, autoridades y el gremio periodístico buscan promover y difundir los derechos humanos que garanticen la libertad de expresión, implementar programas, acciones y políticas públicas en esta materia e integrar un comité consultivo y un subcomité técnico de evaluaciones.

Marco Adame comentó que con la firma de este Convenio, se refrenda una voluntad colectiva, una voz fuerte, una determinación profunda a favor de la vida y los derechos fundamentales “De quienes sirven a nuestra sociedad a través de la comunicación y la información”.

Apeló a la creación de una política con visión de Estado, que no se agote en un régimen administrativo, que trascienda las visiones y los tiempos cortos para aspirar a consolidarse como instituciones de todos, para hacer realidad en la Ley lo que es real en la calle, y que representa una justa demanda del gremio periodístico.

En presencia de Rubí Blancas Orduña, Oficial Nacional de Programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México, quien acudió como invitada especial, Adame Castillo invitó a los periodistas morelenses a no aflojar el paso y evitar que estos trabajos queden atrapados en procesos administrativos o en cambios de gobierno. “Tenemos que hacer realidad que sea una base sólida”, expresó.

Como representante del Foro de Periodistas de Morelos, Tlaulli Preciado Bahena manifestó que la libertad de expresión es un derecho humano esencial y componente básico de la sociedad, se trata de una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.

“El ejercicio del derecho pleno de expresar las propias ideas y opiniones, a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de la democracia”, expresó la periodista.

Durante su intervención, la Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez, expresó que el Poder Judicial se suma al proyecto y reconoce al periodismo como una actividad primordial en un estado democrático.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez, comentó que es necesario sumar esfuerzos, sobre todo con decisiones legislativas que garanticen el pleno derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, el diputado Omar Guerra Melgar, presidente del Comité de Radio y Televisión del Congreso del Estado, comentó que el estado de Morelos no es ajeno a la realidad que se vive en el país, con respecto a la dificultad para ejercer el periodismo, por lo que pidió cerrar filas para garantizar la actividad de los periodistas.

En su momento, el Coordinador General de Comunicación Política del Poder Ejecutivo, Carlos Tercero Solís, señaló que este convenio representa el inicio de una serie de mecanismos con los que los Poderes del Estado e instituciones autónomas, responden a una serie de legítimas demandas expresadas por los profesionales del periodismo, que ante los riesgos que actualmente enfrentan en el cumplimiento de su deber, esperan de sus autoridades la garantía de condiciones de seguridad para el desarrollo de sus actividades.

A esta firma del Convenio de Coordinación Interinstitucional para la Implementación de Acciones de Protección para Periodistas también acudieron el secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez; el secretario de Seguridad Pública, Rafael García Aguilar; y el Procurador General de Justicia, Mario Vázquez Rojas

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