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DICTAN AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA 10 POLICÍAS FEDERALES POR SECUESTRO Y EXTORSIÓN

Finalmente por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro expres, con fines de extorsión agravada, el Juez Séptimo de Distrito, dicto el auto de formal prisión en contra de los diez policías federales que el día martes 21 del presente mes, sacaron de su negocio a la comerciante M.A. Asbeyde Romero Áviles, con el argumento de que tenían una orden de aprehensión en su contra, sólo para llevarla a encerrar a la recamara de su residencia en el fraccionamiento Sumiya y exigirle inicialmente un millón de pesos para “ayudarla y no detenerla”.

Así lo informó el abogado de la víctima, Enrique Paredes Sotelo, quien informó que la noche del jueves terminó la deliberación del juez y se conoció de su determinación, con lo que formalmente quedaron sujetos a proceso judicial los diez policías federales, dentro de la causa penal 11/2012..

Reitero el abogado que resultaron contundentes las imágenes videogravadas de los policías federales cuando fueron por su víctima a detenerla a su negocio, en el Paseo Cuauhnahuac a un costado de la tienda Walmart y después cuando ingresaron al fraccionamiento donde tiene su domicilio, ubicándolos en tiempo , lugar y circunstancia en los delitos que se les imputan.

Paredes Sotelo indicó que ahora lo que sigue es seguir aportando pruebas y evidencias de la conducta ilícita en que incurrieron los federales, para que al final del mismo se logre la sentencia condenatoria que tendrá que ser por más de quince años de cárcel.

Recordó el abogado que desde la semana anterior los policías fueron detenidos y remitidos al penal de Atlachooaya en donde deberán enfrentar su proceso , luego de que inicialmente exigieron a su víctima un millón de pesos para no detenerla y encarcelarla, por una supuesta orden de aprehensión que pesaba en su contra, cantidad que posteriormente “rebajaron” a 200 mil, misma que obligaron a que la mujer pidiera a su hermano, pero este lejos de intimidarse, procedió a denunciar los hechos en la comandancia local de la Policía Federal y posteriormente ante la delegación de la Procuraduría General de la República.

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