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VICTIMAS Y PERPETRADORES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA ORAL.

Los índices de violencia crecen en Morelos. Las autoridades se dicen rebasadas, pero no se toman las medidas adecuadas para procurar justicia y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares, así como dar seguridad jurídica a la población, lo cual deviene en un clima de impunidad. El establecimiento del sistema de juicios orales tiene objetivos que no se han cumplido: garantizar la presunción de inocencia, no realizar investigaciones duplicadas, dar certeza jurídica procesal, inmediatez en la aplicación de la justicia, transparencia publica de acusaciones y sanciones, derechos de las víctimas. Existen deficiencias en la integración de las carpetas de investigación que repercute directamente en el proceso y no se resuelve adecuadamente la presunción de inocencia con el derecho de las víctimas, por lo que implica una inadecuada valoración de las pruebas y, en ocasiones, garantizar que los testigos sean debidamente protegidos para que no sean objeto de represalias.

Testimonios de familiares de quienes han sido víctimas y el padecimiento que se tiene para alcanzar la aplicación de la justicia en el sistema de juicios orales, la protección de los testigos y la impunidad en la mayoría de los casos, que hemos obtenido en la Comision Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), nos llevan a cuestionarnos ¿Qué sucede cuando se detiene a presuntos culpables? ¿Se aplica correctamente la ley para proteger a las víctimas? Tenemos el testimonio de familiares de Ricardo Jaime Garrido Moreno, quien fue víctima de una agresión en pandilla que le privo de la vida y que origino que se abriera una carpeta de investigación en el Hospital General numero HG01/285/2012.

Estos hechos ocurrieron el 19 de abril de 2012 en la Avenida Otilio Montaño de la Unidad Habitacional Las Piletas, colonia Alta Vista, en Cuernavaca, Morelos.

Los familiares de la victima tuvieron que recurrir a instancias de derechos humanos para obtener apoyo de la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Victimas ya que al no contar con recursos económicos para un abogado particular se les dificulta llevar a cabo las actuaciones legales y jurídicas correspondientes.

Una vez que lograron presentar elementos suficientes para señalar a los imputados, pasaron varios meses y finalmente elementos de la PGJ detuvieron a 3 de los 5 señalados como agresores que le privaron de la vida. Ahora, sin embargo, dos de los acusados lograron evadir la acción de la justicia y están prófugos, siendo un motivo de preocupación de familiares de la víctima, lo que se agrega al hecho de que la clasificación de los delitos puede significar la libertad bajo caución de los imputados, ya que en lugar de clasificarlo como homicidio calificado cometido en pandilla se pretende juzgarlo como un homicidio culposo, como se hubiese ocurrido en una riña, cuando todos los elementos indican que fue agredido con todos los agravantes y de manera tan brutal que ya no se recupero durante su estancia en el Hospital Civil.

El objetivo de procurar y administrar justicia para impedir la impunidad hoy es una necesidad urgente en Morelos, donde los crímenes violentos ocurren en número tan alto, que parece cada vez más lejana la fecha en que la sociedad se sienta verdaderamente protegida en sus derechos a la vida, a la verdad, a la seguridad jurídica.

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