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Nuestra Carta Magna garantiza a todas las mujeres de México una vida digna y saludable. Sin embargo los prejuicios conservadores han impedido que ese derecho sea una realidad en la mayor parte del territorio nacional, debido a leyes injustas.
México en diversos compromisos internacionales, como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre muchos otros se ha comprometido a respetar los derechos relacionados con la salud y capacidad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y maternidad.
La persistencia de condiciones sociales desfavorables, sumada a una insuficiente educación sexual laica y científica, así como la carencia de métodos anticonceptivos disponibles y accesibles, derivan con frecuencia en embarazos no deseados. El punto que cierra este círculo opresor es el estigma social y el castigo legal para las mujeres que intentan liberarse, al interrumpir sus embarazos.
Morelos no ha sido la excepción, sabemos que existen mujeres que ha sido sometidas a un proceso legal porque decidieron interrumpir su embarazo, que existen mujeres a las que se les imponen trabajos comunitarios como castigo por haber abortado, y también conocemos casos dónde las mujeres y niñas han sido obligadas a ser madres, aun cuando el embarazo es producto de una violación.
Morelos continua siendo el Estado número 4 en embarazos adolescentes, en los últimos 2 años el 25% de las denuncias sobre delitos sexuales corresponden a violaciones de niñas menores de 16 años, violaciones que pudieron tener como consecuencia embarazos no deseados y por lo tanto abortos clandestino e inseguros.
La despenalización del aborto en todo el país es una demanda que debe cumplirse. Recientemente el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado a México ampliar el acceso al aborto legal y armonizar las leyes federales y estatales relacionadas con el aborto, lo que implica eliminar los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres que buscan interrumpir un embarazo legalmente.
Y en este sentido el nuevo gobierno tiene grandes retos con las mujeres:
* Implementación de educación sexual integral y campañas de prevención de embarazo adolescente.
* Difusión y acceso real a métodos anticonceptivos.
* Aplicar las causales que existen en el código penal que permiten la interrupción del embarazo.
* Establecer protocolos claros para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal, sobretodo en caso de violación.
Cuando las leyes limitan o prohíben que las mujeres tomemos decisiones sobre nuestros cuerpos no sólo se obliga a continuar con un embarazo no deseado, también se impone una maternidad que debiera ser elegida libre y amorosamente.
La despenalización del aborto es una urgencia social y un deber del Estado mexicano, para que todas las mujeres podamos contar con leyes acordes a los compromisos internacionales asumidos por México y en nuestra Constitución, garantizando así una vida digna y saludable, para todas y todos.
Por lo que confiamos en que el nuevo Gobierno cumpla a las mujeres y garantice nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
La maternidad libre y elegida beneficia a las mujeres, a los hombres, a los pueblos y a los países.
¡Justicia plena para las Morelenses¡
¡Decidir sobre nuestros cuerpos es un derecho¡
