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SE PRESENTA ANTE AUTORIDADES 4TO ELEMENTO POLICIACO INVOLUCRADO EN CASO “MOÑA”

El cuarto policía Ministerial, de los cinco involucrados, en el caso de Antonio Román Miranda alias “La Moña”, imputados de haber cometido el delito contra la administración de justicia, en la hipótesis de desviar y obstaculizar la investigación, se presentó, por su propia voluntad, este jueves, ante la autoridad judicial, misma que conforme a derecho le concedió la libertad condicional, imponiéndole como medida cautelar no salir del estado y realizar el pago de una garantía por la cantidad de 5 mil pesos, al igual que a los tres primeros sujetos a proceso, luego de que uno más se dio a la fuga.

En la Audiencia de Detención y Formulación de Imputación el juez fijó el próximo lunes 31 de diciembre, fecha para llevar a cabo la Audiencia de Vinculación a Proceso, conforme a la Causa Penal JC/648/2012.

Todo ello luego de que como se recordará derivado de que el testigo y víctima de un hecho violento, Antonio Román Miranda “La Moña”, le fue permitido se retirara de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del municipio de Cuernavaca (SPyAC), sin ser puesto a disposición para rendir su entrevista ante el Ministerio Público, fue iniciada una Carpeta de Investigación y, a la par, la Visitaduría General una Acta Circunstanciada con número VG/SV/296/2012.

Por ello tras de que se iniciara el procedimiento administrativo en contra de cinco agentes ministeriales por estar relacionados en la carpetas de investigación SC01/13659/2012 y SS01/439/2012 por el delito contra la administración de justicia; se les decretó la medida provisional de suspensión del cargo, arrestándolos, pero de estos cinco, dos huyeron, y tres fueron sujetos a proceso en libertad condicional, pero ahora de los dos que escaparon uno volvió a enfrentar su responsabilidad ante la ley.

Como ya es del dominio público todo este escándalo inicio la mañana del diez de diciembre cuando a la altura de la “Glorieta La Luna”, Antonio Román Miranda “La Moña”, viajaba acompañando a Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez “El Bocinas”, en un vehículo Golf GTI color blanco con placas del Distrito Federal, cuando fueron alcanzados por presuntos sicarios de “Guerreros Unidos”, a bordo de un BMW color azul quienes les dispararon hiriendo al “Bocinas”, por lo que este fue llevado a bordo de una camioneta Mazda color blanca al hospital del Seguro Social.

Mientras tanto “La Moña”, “escoltado” por policías de Vialidad y Municipales de Cuernavaca fue llevado, a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, de donde se afirmó “no encontraron elementos para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público y lo dejaron ir”, con todo y que lo esperaban elementos de la Policía Ministerial, para llevarlo ante el M.P.

Esto inicio el escándalo de corrupción entre policías y presuntos sicarios de “Los Rojos” porque a decir de las autoridades, “El Bocinas” y “La Moña”, liderean esta célula criminal, ya que seis días después, luego de que por medio de un controversial amparo, “El Bocinas”, fue trasladado al hospital Médica Sur del Distrito Federal, fue ejecutado en ese lugar, poniendo al descubierto, omisiones, contradicciones y una falta de coordinación de las autoridades de los tres niveles para combatir a la delincuencia organizada.

A la fecha sólo cuatro elementos de la policías Ministerial se encuentran sujetos a proceso y ni uno sólo de la policía municipal de Cuernavaca, esto tras de que quedó al descubierto que el Jurídico de esa dependencia Rafael Calderón pudo haber traficado con influencias, utilizando la relación sentimental que se dice lo une con la hoy ex subprocuradora general, Gabriela Tlapa Castro que coincidentemente tras de que se dio a conocer estar hipótesis fue removida del cargo.

Ante esta situación los abogados de los policías ministeriales sujetos a proceso, exigen que la Justicia Oral, por igual cite a comparecer a mandos y policías municipales de Cuernavaca, pero además a los mandos de la Policía Ministerial, encabezados por el Coordinador General, Antonio Amado Narro Flores, el director operativo, Juan Salvador López Ramírez, estos dos comisionados de la Policía Federal y el director Metropolitano, Efraín Castillo Borda, quienes en todo momento no sólo estuvieron al tanto de los hechos y fueron los que ordenaron que los ministeriales se retiraran del lugar y son los directamente responsables de los hechos que se imputan a los ministeriales hoy procesados.

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