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ARRANCA CAMPAÑA PARA PREVENIR TORTURA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Caso de tortura de Alejandro Avila Arteaga y Carlos Luna Ramírez.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

Amnistia Internacional

Presente

Nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención sobre el caso de la tortura cometida en contra de Alejandro Avila Arteaga y Carlos Luna Ramírez a manos de elementos de la Policía Federal Preventiva en el municipio de Emiliano Zapata, en el Estado de Morelos.

Hemos recibido de parte de los familiares de estas personas copia de la “Ampliación de declaración de los procesados Alejandro Avila Arteaga y Carlos Luna Ramírez” que llevaron a cabo en el penal federal ubicado en Puente Grande, Jalisco, de fecha 11 de diciembre de 2012, derivado del Exhorto 415/2012-E correspondiente a la causa penal 84/2012.

En este documento, que estamos enviando en anexo añadido se narran las torturas de que fueron objeto ambas personas por parte de elementos policiacos, ampliando y ratificando los testimonios que con anterioridad les hicimos de su conocimiento y que transcribimos textualmente como sigue:

Juan Carlos Luna Ramírez señaló: “un sujeto salió del terreno de enfrente y me amagó en la cabeza con arma de fuego, me dijo ya te cargó la chingada cabrón y vas a hacer todo lo que yo te diga o aquí mismo te voy a plomear… los señores nunca se identificaron, golpeándome con la culata de su arma en mi cabeza y en el cuerpo, me tumbaron al suelo… me pusieron un trapo en la cara con una bolsa de plástico… en la camioneta me empezaron a electrocutar en mis partes nobles, en la cabeza y en los pies… patadas sobre mi cuerpo… me colocaron una franela en la cara, y me empezaron a vaciar agua sobre mi nariz y boca, siendo que me desfallecí en varias ocasiones por falta de respiración y me seguían golpeando, me seguían dando toques en el cuerpo… en las oficinas de la policía federal que se encuentra en Cuernavaca… me tumbó al suelo, burlándose y diciéndome a dónde vas pichoncito, ahorita te vamos a ir a colgar… en eso escuché gritos del señor Alejandro que lo estaban torturando, y escuché un ruido como de disparo y me dijeron ya lo cargó la chingada tu compañero… si ya no quieres que te sigan torturando tienes que aceptar lo que te están diciendo, en eso grite si yo soy el culpable pero no me sigan golpeando mas…” por lo que de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 206 en relación con el 208 del Código Federal de procedimientos penales se solicitó la inspección de las lesiones, “a lo que el secretario certifica y hace constar que: el señor Juan Carlos Luna Ramírez, quien se encuentra tras las rejas de prácticas muestra en la frente de su lado derecho inflamación de aproximadamente dos centímetros, una cicatriz en la parte superior del lado derecho, también se advierte un punto negro del lado derecho de la boca, así como una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en la parte central baja de la espalda, siendo todo lo que se aprecia a simple vista. Doy fe.”

En su ampliación de declaración, Alejandro Avila Arteaga, señaló: “personas encapuchadas… me tiró al piso boca abajo… me subieron a una camioneta, después me tiraron boca abajo, me quitaron los zapatos, las calcetas y me empezaron a dar toques, traian como agujas no sabía que eran, me picaban en la planta de los pies y había otro sujeto que estaba encima de mi me pisaba la cabeza, la espalda, y me golpeaba mis testículos… y me seguían dando toques por unos diez o quince minutos… tienes sed ahorita te vamos a dar agua, ahorita vas a hablar, me taparon la cara con una franela y me empezaron a echar agua… el señor Carlos gritaba, porque también le estaban dando toques y le decía nos vamos a coger a tu esposa y a tus hijas… me tiraron adentro boca arriba, uno de los policías se subió arriba de mi pierna y otro me tomaba de la cabeza, y otro me cubría la cara mientras me echaba agua entre la boca y la nariz, cuando sentía que me ahogaba me pegaban en el estómago… y les dije está bien, voy a decir lo que ustedes quieran…” por lo que el “secretario certifica y hace constar que: el señor Alejandro Avila Arteaga, quien se encuentra tras las rejas de práctica muestra el tobillo izquierdo en el que se aprecia en cara externa inflamación de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro, y en el mismo pie izquierdo en la pantorrilla, se aprecian siete puntos negros y en la diversa pantorrilla cuatro puntos negros, que según refiere el inspeccionado fueron ocasionados por las agujas que le provocaban toques, siendo todo lo que se aprecia a simple vista. Doy fe.”

Estos testimonios y la certificación de lesiones aportan elementos fundamentales para determinar la existencia de torturas cometidas por elementos policiacos federales, por lo que consideramos necesario tomar las medidas urgentes y necesarias para investigar, prevenir y sancionar estas prácticas violatorias de derechos humanos cometidas por elementos policiacos que solo contribuyen a violar los derechos humanos y a preservar la impunidad ya que mientras se fabrican culpables los verdaderos culpables continúan libres.

Con atentos saludos.

Por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz, Marco Aurelio Palma Apodaca, Alejandra Domingo Portillo, Roberto Mendoza Delgado, Claudia Ortiz Guerero.

Diversas organizaciones convocadas por el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) nos hemos sumado a la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura.La práctica de la tortura y otros malos tratos se mantiene presente en las instituciones que tienen como misión principal garantizar el derecho humano a la seguridad, que debe ser indivisible e interdependiente, entre otros, de los derechos al debido proceso y la integridad física y mental.

En años recientes, las procuradurías del país y los organismos de protección de los derechos humanos han registrado un incremento alarmante en el número de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de tortura, que incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzada, tortura sexual, presuntos homicidios por lesiones producidas bajo tortura y otros actos de violencia en la que se han señalado a elementos de corporaciones de seguridad o de procuración de justicia como responsables. A pesar de que tanto a nivel federal como local existen informes oficiales que registran la existencia no sólo de denuncias, sino también de dictámenes médicos que acreditan la tortura en cientos de casos, el número de sentencias condenatorias es, en contraste, de cero en el fuero federal y de 1 a nivel local (DF) durante la última década. La tortura queda impune técnicamente en el 100% de los casos.

Ante este escenario preocupante, se ha iniciado un proceso de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, expertos y expertas en diversas disciplinas y sectores, así como un diálogo con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para erradicar estas prácticas sucedidas de manera previa y posterior a la presentación ante el Ministerio Público de personas detenidas por agentes de seguridad del Estado. El esfuerzo conjunto se aglutina en la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, que en su primera etapa contempla dos años de ejecución.

Nuestra meta para 2013 es impulsar la actualización del marco normativo sobre tortura y que ninguna autoridad relacionada a los sistemas de seguridad pública y justicia penal desconozca cuáles son sus obligaciones en la materia.

La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura considera que la causa de este flagelo deriva principalmente de un marco jurídico incongruente con las normas de derechos humanos reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, que permita aplicar procedimientos efectivos y sujetos a control, para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño de las personas afectadas por la tortura u otros malos tratos. Esta incongruencia dificulta los procedimientos judiciales para probar los hechos durante el proceso penal, lo que alienta la impunidad y la discriminación ante la ley.

De igual manera, la ausencia de procedimientos efectivos de control y rendición de cuentas al interior de las instituciones policiales y las agencias del Ministerio Público se convierte en un incentivo para cometer actos constitutivos de tortura, en circunstancias tan diversas como la detención, la prisión preventiva o el arraigo.

Para prevenir y erradicar estas conductas, la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura impulsará diferentes estrategias que impacten tanto en lo jurídico como en lo operativo, en la capacitación, y apoyadas en una amplia difusión de información dirigida a las víctimas directas o indirectas (familiares, abogados, etc.), a la población interesada, a la sociedad civil y a las instituciones competentes.

Entre las estrategias que se impulsarán en este proceso se encuentran las siguientes:

Fortalecer el marco jurídico: Armonizar el marco jurídico actual para que sea totalmente compatible con las normas internacionales contra la tortura, tanto a nivel federal como en las entidades federativas;
Fortalecer el control interno. Impulsar el establecimiento de diversas medidas judiciales de control interno y rendición de cuentas en la operación de las policías y los Ministerios Públicos, para eliminar los incentivos que los llevan a cometer este delito;

Mejorar la capacitación y formación profesional. Capacitar a los responsables de aplicar la ley, y promover el diálogo e intercambio de experiencias con personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a fin de mejorar los procesos de investigación y sanción, reducir la impunidad en este delito e impulsar mejores herramientas y metodologías para la documentación y denuncia de la tortura; de igual modo, este componente de la campaña prevé fortalecer los programas de formación profesional de policías y agentes del Ministerio Público en materia de prevención de la tortura y derechos humanos;

Promover la difusión y acceso a, información sobre la tortura. Informar a la ciudadanía y a las víctimas de tortura sobre los recursos que tienen disponibles, para garantizar el ejercicio de sus derechos y prevenir estos hechos y, especialmente, es necesario sensibilizar a las autoridades de procuración de justicia para que adopten medidas efectivas de combate a la tortura en México y erradicar la impunidad.

Hacemos un atento llamado a todas las personas e instituciones sensibles a la problemática que plantea la persistencia de la tortura a que se sumen a la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura; si queremos gozar de un sistema de justicia moderno y un modelo de seguridad ciudadana, requerimos cerrarle la puerta a la tortura cuanto antes.

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