Zona Centro Noticias El poder de la información
Tal parece que la alcaldesa de Jiutepec, Silvia Hernández Salazar, pretende lavarse las manos en el escandaloso como indignante caso de su síndico, el ya muy famoso “Gentleman”, Carlos Benítez Uriostegui, pues en algunos medios locales a declarado que tendrá que ser el Congreso del Estado, el que lo sancione “si es que en verdad incurrió en algún ilícito”.
Luego de que se difundiera hasta el cansancio un video en el cual se ve llegar al alcalde de Puente de Ixtla, Julio Espín, al ex alcalde de Tetecala Víctor Tapia Ocampo y al Síndico de Jiutepec, Carlos Benítez juntos acompañados de 17 personas más entre ellos, policías municipales utilizados como “Guaruras”.
Pero sobre todo luego de que Víctor Tapía agrediera a golpes y e insultos y Carlos Benítez, con insultos y amenazas al personal de seguridad de un antro localizado en la avenida Teopanzolco, porque no los dejaban entrar, la alcaldesa, argumento, que en el caso del síndico Carlos Benítez, este se encontraba en un lugar y espacio que nada tenía que ver con sus labores de servidor público, pero nada dijo del desvió de recursos al utilizar este policías municipales para su seguridad personal y fuera de Jiutepec.
Aseguro la alcaldesa que en caso de comprobarse que Carlos Benítez incurrió en algún delito, deberá ser el Congreso el que lo sancione, evadiendo así su responsabilidad como presidenta municipal y como integrante del cabildo que es la máxima autoridad de Jiutepec, siendo esta la que ya debería en todo caso haber pedido al congreso de manera oficial que investigue y sancione el caso, pero hasta el momento nada se sabe.
Para Silvia Hernández Salazar, según sus declaraciones “hasta el momento no hay denuncia alguna contra su síndico, el alcalde de Puente de Ixtla y el ex alcalde de Tetecala, todo ha sido de dicho”, por lo que se ve que ignora o no quiere saber que ya existe una denuncia que es la carpeta de investigación SC01/6920/2013 iniciada por el jefe de seguridad del antro, Roberto Antonio Solís y sus colaboradores quienes ante los golpes y las amenazas de muerte de que fueron objeto y ante el temor a represalias denunciaron los hechos. A ver que argumenta ahora la presidenta municipal de Jiutepec.
