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Ayer los diputados del Congreso de Morelos del llamado grupo G13 acudieron a la Procuraduría General de Justicia para pedir que se proceda en contra de ex funcionarios que desviaron recursos o cometieron peculado desde hace varios años atrás, pero según los especialistas en la materia penal la mayoría de los casos ya prescribieron y esos delitos quedarán impunes, es decir, ningún ex alcalde, tesorero o ex funcionario podría pisar la cárcel.
Los mismos diputados amagaron con buscar la destitución del Procurador General de Justicia Rodrigo Dorantes Salgado si en 30 días para resolver 27 carpetas que están empolvadas desde hace varios años y contienen nombres de ex funcionarios que malversaron recursos, el problema es que la remoción del procurador es facultad del Gobernador y lo más que podrían hacer es realizar un exhorto al mandatario para una nueva terna si es que así lo desea.
Cipriano Sotelo abogado penalista explicó que quizá lo que entregue el Procurador será un informe sobre varias carpetas donde los delitos ya prescribieron porque primero la Auditoría Superior de Fiscalización se tarda varios años en auditar y determinar si hubo recursos después de ello presenta la denuncia y estas se estancan por falta de pruebas o dirigencias, documentos que no se practican o consiguen.
Añadió que lo que tienen que hacer los funcionarios en cuanto sospechen de una desviación de recursos es proceder de manera penal sin esperar la parte administrativa de la auditoría porque en caso de existir el delito se corre el riego de que prescriba como seguramente sucederá con casi todas las carpetas.
