Home / Política / IMPROCEDENTE SOLICITUD DEL TECYA PARA QUÉ CONGRESO INICIÉ JUICIO DE PROCEDENCIA EN CONTRA DE ALCALDES: PRD

IMPROCEDENTE SOLICITUD DEL TECYA PARA QUÉ CONGRESO INICIÉ JUICIO DE PROCEDENCIA EN CONTRA DE ALCALDES: PRD

El Congreso del Estado no tiene atribuciones para conocer y eventualmente sancionar cuestiones de tipo administrativo, por lo tanto la solicitud que envió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA) a fin de que el Poder Legislativo inicie un juicio de procedencia en contra de los alcaldes de Amacuzac y Huitzilac, respectivamente, es inviable, sostuvo la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucia Meza Guzmán.

Entrevistada luego de que la Mesa Directiva del Congreso de Morelos recibió sendas solicitudes del TECyA para iniciar el procedimiento de destitución del presidente municipal de Amacuzac, así como del alcalde y síndico del Ayuntamiento de Huitzilac, esto derivado de un mandamiento judicial federal que resolvió que las autoridades municipales incurrieron en actos de omisión al negarse al pago de laudos, la legisladora aseguro que el Congreso no puede sancionar actos de tipo administrativo.

“Nosotros creemos que el Tribunal (TECyA) se excedió en sus atribuciones puesto que nosotros no podemos sancionar actos administrativos, no es de nuestra competencia, entonces nosotros decimos que son improcedentes y que pueden desecharse sin ningún problema en la Junta Política”, sentenció.

Al tiempo comentó que la bancada del PRD considera que la presidenta del TECyA, Reyna Valencia Valencia, se excedió en sus atribuciones al trasladar un tema que si es de su competencia a otra esfera como la del Congreso, cuando es claro que él propio Tribunal debe entrar al fondo de tan delicado tema y resolverlo definitivamente.

“A título personal si creemos que se excedió en sus funciones al enviar al Congreso dicha solicitud por que no nos corresponde a nosotros resolverlo”, comento por ultimo en este tema y advirtió que la Junta Política y de Gobierno debe, por este razonamiento jurídico, desechar por improcedentes las citadas solicitudes.

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