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VINCULAN A PROCESO A “LA GUAJOLOTA”, DURANTE SU AUDIENCIA DIJO SER EMPLEADO DE JOAN SEBASTIAN

El día de ayer al celebrarse la primer audiencia en la Sala de Juicios Orales del Penal de Atlacholoaya, en contra de Cesáreo Adrián Arias, alias “La Guajolota”, salieron a relucir los nombres del renombrado cantautor, Joan Sebastián y el de su hermano, el empresario y promotor Federico Figueroa, como “patrones” y “socios”, de “La Guajolota”, quien es señalado por la policía preventiva estatal y la Procuraduría General de Justicia de ser el líder de la organización criminal de “Los Rojos” en gran parte de la zona oriente, con sede en el municipio de Cuautla.

De acuerdo a las autoridades estatales “La Guajolota”, de 45 años, es el cabecilla de “Los Rojos” y cuenta con un perfil de alta peligrosidad, tras de que fue puesto a disposición del poder judicial por el delito de daños contra la salud, luego de que se afirmara que al ser capturado le fueron encontradas entre sus pertenencias, importantes cantidades de droga.

El día de ayer, “La Guajolota”, con la asesoría de su abogado, rindió su declaración ante el juez de Control, Jorge Gamboa Olea, explicando cómo fue detenido pero además, aseguró que los policías preventivos estatales que lo capturaron le pidieron un millón de pesos para ponerlo a disposición del Ministerio Público por un delito no grave, y que así pudiera obtener su libertad, destacando que le iba a pedir el dinero prestado a sus patrones Joan Sebastián y Federico Figueroa, con los que trabajaba y además tenía un negocio de caballos de alta escuela.

Por otra parte la defensa del presunto jefe de sicarios de “Los Rojos”, solicitó al juez se le admitiera como prueba de descargo la declaración de la regidora de Cuautla por el PRD, Ixcel Anayansi Mendoza Meza, prima de la actual coordinadora parlamentaria del sol azteca en el Congreso local, Lucia Meza Guzmán, pero el juez rechazó la prueba testimonial de la funcionaria y otras personas que iban a avalar la buena conducta del detenido, provocando su malestar y desanimo.

Sin embargo, el juez consideró que no era la etapa procesal adecuada, al no tratarse de un juicio sumario y por otra parte impuso el auto a vinculación a proceso, destacando que la defensa de este imputado en lugar de citar a los amigos y conocidos del detenido a avalar su buena conducta, debió haber hecho comparecer a los policías que lo detuvieron para carearlo con su cliente y poder demostrar que se trató de una detención ilegal.

Como se informó “La Guajolota”, fue detenido el pasado 18 de noviembre, junto con sus cómplices, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal de nombres Fernando Daniel “N”, Nestor Uriel “U” y Giovanni “N”, a los que por otra parte se les acusa haber sido capturados en posesión de un vehículo robado en el Estado de México, imputación que niegan, comenzando por afirmar que ellos ni se conocían entre sí y que fueron detenidos en el interior del antro “I-183”, localizado en la avenida Insurgentes de Cuautla a donde habían ido a disfrutar la presentación de La Banda Musical “Alma Sureña”, con sus respectivos amigos o familiares.

Por otra parte hay que destacar que esta audiencia de vinculación fue considerada de “alta peligrosidad”, como se califica a las audiencias en las que se participan imputados de alta peligrosidad, es por ello es que se llevó a cabo en la recién inaugura sala de Atlacholoaya para correr ningún riesgo al trasladarlos a las salas del centro de la capital del estado.

En este contexto es que Cesáreo Adrián, apodado “La Guajolota”, afirmó ante el juez de control que fue torturado por los policías preventivos estatales que los detuvieron, quienes le exigían que les dijera para quién o quiénes trabajaba, y tras decirles que era “empleado y socio de Joan Sebastián y de Federico Figueroa, le exigieron un millón de pesos para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público, “flojito”, es decir por un delito menor, para que fácilmente pudiera recuperar su libertad, sin especificar si les entregó o no el dinero.

Pero finalmente, el juez determino vincular a proceso a los cuatro detenidos y otorgó tres meses a la Fiscalía para reunir las pruebas necesarias e iniciar el juicio oral en su contra.

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