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Luego de los acuerdos alcanzados el pasado martes entre las tres fuerzas mayoritarias del Congreso del estado, PRD, PRI y PAN, durante la sesión ordinaria fueron votadas de urgente y obvia resolución las reformas a la Constitución local a fin de aprobar el cambio de denominación de la actual Procuraduría General de Justicia por el de Fiscalía General, pero también dotar de nuevas facultades y obligaciones al organismo.
De manera unánime los diputados aprobaron la creación de la nueva Fiscalía que plasma el espíritu de las reformas en su artículo 79-A, que a la letra dice: El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que estará dotada de autonomía de gestión, técnica y de ejercicio, y aplicación del gasto público que le asigne el Congreso del Estado en el presupuesto anual correspondiente, cuyo titular será el Fiscal General del Estado.
El presupuesto de egresos de la Fiscalía General del Estado nunca será menor a la asignación que le haya correspondido en el ejercicio fiscal del año anterior.
En este tenor el fiscal general tendrá entre sus funciones vigilar y procurar el cumplimiento de la Ley y el respeto a los derechos humanos; interponer los recursos procedentes con arreglo a la Ley e intervenir para que la administración de justicia sea pronta y expedita; investigar y perseguir ante los tribunales del orden común los delitos, en términos de lo dispuesto por las normas penales, tanto del fuero común como cuando se produzca la competencia concurrente en el ámbito federal.
Al tomar la palabra, Bolaños Aguilar señaló: “Votar a favor de una nueva institución como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, es refrendar nuestro compromiso social y al mismo tiempo, nuestra forma de expresar el trabajo coordinado que como instituciones construimos los Poderes del Estado en beneficio de la comunidad”.
El titular de la Fiscalía General se conducirá acorde a la legislación relativa a la atención de víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos; asimismo deberá intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga competencia, atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda especial protección.
Por otra parte, se establece que para acceder al cargo de fiscal General, los aspirantes deberán cumplir entre los requisitos el de ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en éste último caso, con una residencia de tres años inmediatos anteriores en el estado; también contar con treinta y cinco años de edad y no ser mayor de sesenta y cinco años de edad, a la fecha de su designación.
Deberá poseer título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha de su designación; no haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso; no haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o comisiones públicos.
Sin embargo, el requisito de residencia a que se hace referencia podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de Fiscal General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en alguna institución del Ministerio Público del País, durante al menos los cinco años previos a la designación.
Luego de su aprobación fue enviada a los Ayuntamientos para que se pronuncien en un plazo máximo de un mes a favor o en contra, a fin de que el Congreso después emita la declaratoria que haga vigentes las nuevas disposiciones, y en este tenor los legisladores puedan abordar someter al pleno la Ley Orgánica del órgano, que fue presentada como iniciativa preferente por el gobernador Graco Ramírez el pasado primero de febrero.
