Zona Centro Noticias El poder de la información
Un juez federal negó un amparo a los maestros que impugnaron las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, pues determinó que no violan los derechos adquiridos por los profesores.
En la sentencia se deja claro que ni la Ley General de Servicio Profesional Docente ni la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación transgreden los derechos del sector magisterial considerados en la Constitución y en tratados internacionales.
El juez sexto de distrito del centro auxiliar de la segunda región con residencia en Cholula, Puebla, dejó claro que las leyes tampoco excluyen los derechos laborales de los maestros en los cargos que desempeñan o en sus contratos, ni en sus prerrogativas como sueldo, aguinaldo y vacaciones, entre otras.
Además, puntualizó que las evaluaciones obligatorias no violan los derechos humanos de los quejosos, ya que el Congreso de la Unión estableció un mecanismo razonable para lograr, en la medida de la posible, la permanencia en las funciones docentes.
El juzgador subrayó que por lo que hace a la carrera magisterial, ni la Constitución ni los tratados internacionales establecen, «que por el simple deseo de querer trabajar en un lugar se adquiere el derecho humano de ingresar a él», o por haber realizado algunos estudios o ser seleccionado por alguna asociación sindical o mediante la «venta» o «herencia» de plazas.
Las leyes secundarias, agregó, protegen la estabilidad en el empleo porque prevén la existencia de nombramientos definitivos, según disponen las leyes laborales.
El juez enfatizó que ni una de las normas sustrae a los profesores del régimen laboral para convertirlos en sujetos de derecho administrativo, ya que el artículo tercero, fracción tercera, de la Constitución federal dispuso que las leyes ordinarias fijarían los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional «con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación».
En 2013, más de 100 mil maestros impugnaron, a través de juicios colectivos, la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia educativa.
