Zona Centro Noticias El poder de la información
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó hoy a Japón que «revoque» los permisos de caza de ballenas en la Antártida porque no se ajustan a los «fines científicos» exigidos por la legislación internacional.
«Por 12 votos a 4, la Corte decide que Japón tendrá que revocar cualquier permiso o licencia relacionado con Jarpa II y evitar pedir otros permisos en el contexto de ese programa», anunció el presidente de la CIJ, Peter Tomka, en la lectura del fallo.
Los jueces estimaron que los permisos concedidos a Japón en el marco del programa Jarpa II, cuya primera fase empezó en 2005, «no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII» de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW, por sus siglas en inglés).
Ese convenio únicamente permite la caza de ballenas en el caso de que persiga fines científicos o sea para la subsistencia de la población aborigen.
Los magistrados estimaron que si bien el programa de investigación nipón contiene «objetivos científicos», su puesta en práctica se ha hecho de una manera «poco transparente».
Esa falta de transparencia se aplicó especialmente en la elección del tamaño de las muestras de cetáceos, que incluyen, por temporada, la caza de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común, expusieron los magistrados.
Japón no ha podido «explicar» las razones por las que aumentó el tamaño de la muestra respecto a la primera fase de su programa científico, ni por qué incluyó otras dos especies de cetáceos en el mismo, añadieron.
«La medida no es razonable en relación a la consecución de los objetivos», concluyeron los jueces en su fallo.
El portavoz de la delegación japonesa, Nori Shikati, dijo a Efe que aunque Japón está «decepcionado y lamenta» el fallo, » lo acepta porque tiene la obligación de cumplirlo, porque es vinculante».
Sin embargo, no especificó en qué pasos concretos por parte de Tokio se traducirá el fallo, «porque tenemos que estudiar el largo fallo antes de determinar acciones concretas».
Tokio ha mantenido que su programa de caza de ballenas perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos.
Australia, que demandó a Japón ante la CIJ en mayo de 2010, sostenía que las capturas niponas perseguían fines comerciales pero los jueces se limitaron a determinar que esos objetivos «no son científicos», como exige la legislación internacional, sin precisar de qué tipo se trata.
Tokio abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó posteriormente bajo un programa con fines científicos (JARPA) autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.
