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No sólo el ex secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio y la mayoría de sus colaboradores, podrían ser sancionados por la ley al haber alentado de manera exponencial la corrupción y “el pirataje”, por igual funcionarios actuales como el Subsecretario, Enrique Ramírez Escobedo, el Director del Transporte, Paco Maldonado y el mismo Contralor General del estado, José Enrique Félix Iñiesta Monmany al ser omisos y no cumplir ni hacer cumplir la ley y con ello solapar estas prácticas de corrupción, denunciadas ya hasta por los propios transportistas.
Los mismos concesionarios de taxis y rutas, han denunciado una y otra vez, sin haber sido escuchados y mucho menos atendidos, que incluso, pese a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenó suspender la venta de concesiones, tras la salida de David Gómez y sus cómplices, de la SMyT y funcionarios actuales como el Subsecretario Enrique Ramírez y el Director de Transporte, entre otros siguieron la venta, ignorando el ordenamiento del TCA.
Esto ha derivado que en la actualidad en la zona conurbada del estado circulen por lo menos unos 3 mil 800 vehículos con placas particulares, otros sin placas, amparados en un “permiso”, y unos más con placas particulares y el número de placas de taxi que aseguran van a tener al “liberarse las concesiones”, todos ellos dando servicio de taxi, pese a no tener ni las nuevas placas ni la constancia de la concesión que les vendieron en más de cien mil pesos cada una.
Al respecto, La Ley del Transporte vigente en el estado señala en el artículo 135, fracción I.- que se sancionará con multa de seiscientos días de salario mínimo vigente el Estado, al que preste el servicio en cualquiera de sus modalidades careciendo de concesión, permiso o con placas de identificación del Servicio de Transporte Público en vehículo distinto al autorizado. En caso de reincidencia, la multa ascenderá a mil doscientos días de Salario Mínimo Vigente en la entidad.
Para garantizar el pago de esta sancion, la autoridad del transporte deberá de retener en garantía el vehículo en el que se cometió la infracción. Si en los treinta días siguientes no se ha pagado la infracción, se remitirá a la Secretaría de Hacienda del estado para hacer efectivo su cobro, mediante el procedimiento administrativo de ejecución correspondiente.
En la fracción II del mismo artículo 135, señala que la multa será de doscientos a quinientos días de Salario Mínimo vigente en el Estado, a quienes presten el Servicio de Transporte Público distinto al autorizado por la Secretaría, así como a los concesionarios y operadores del transporte público en su modalidad de itinerario fijo que presten el servicio fuera del itinerario. En caso de reincidencia, la multa ascenderá de seiscientos a mil días de Salario Mínimo en la entidad.
El artículo 139, señala que independientemente de las sanciones previstas en los numerales que anteceden, los vehículos con los que se presten los servicios de transporte, no podrán circular y serán remitidos a los depósitos de vehículos, por cualquiera de las siguientes causas:
I.-carecer de la concesión o el permiso para realizar el servicio de transporte según corresponda.
II.-Utilizar placas metálicas de identificación en vehículo distinto al autorizado.
III.-Cuando las condiciones físico mecánicas del vehículo pongan visiblemente en riesgo la seguridad del usuario, entre otras.
Por si todo esto fuera poco no se puede olvidar que en el pasado reciente se hablaba de que había 750 “taxis piratas” o irregulares, que era necesario regularizar y con ese pretexto y el argumento de dar seguridad a la ciudadanía a los usuarios del transporte público es que se publicó el acuerdo al inicio de año, con el que “se abrió de par en par la puerta”, a toda esta corrupción, pues por lo menos se vendieron 3 mil 800 nuevas concesiones, para taxis, en medio de todo el mar de corrupción que ha señalando y en el que tal parece participan, ex funcionarios de la SMyT, funcionarios actuales como el Subsecretario, Enrique Ramírez Escobedo, quien por cierto tiene algún señalamiento de desvió de recursos en Cancún; su director de Transporte Francisco Maldonado, altos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia hoy Fiscalía General y familiares de estos.
Todo parece indicar que es por ello que nadie se atreve a hacer valer la ley, sin tomar en cuenta en que además de convertirse en cómplices, por igual incurren en una grave responsabilidad al ser omisos, ante la misma ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
