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El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas cuestionó durante varias horas a la delegación del Vaticano sobre casos de pederastia clerical, y en particular preguntó si el Vaticano considera que la violencia sexual contra menores es un crimen contra la humanidad.
En el primer día de la comparecencia de Silvano Tomasi, representante de la Iglesia católica, la relatora del comité para la sede pontificia, Felice Gaer, solicitó informes sobre 700 curas pederastas cuyos delitos fueron reconocidos por la Iglesia en 2004 y qué ha pasado con ellos, cómo se les juzgó, en dónde están y si fueron removidos de sus funciones.
De igual forma, demandó informes sobre casos particulares de sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores en México, Estados Unidos, India y Alemania, además de que preguntó sobre las medidas concretas que el Estado Vaticano tomará para evitar que vuelvan a cometerse casos de acontecimientos indeseables como el abuso a los niños.
La experta también preguntó sobre qué medidas se tomarán contra los que han dado su consentimiento o aquiescencia sobre estos delitos y cómo se ha reparado a las víctimas.
La relatora también citó los casos de esclavitud, incluyendo a las jovencitas sometidas en el caso dramático de Irlanda del internado bajo la custodia de las Hermanas de la Misericordia, que manejaban la conocida Lavandería de las Magdalenas.
Gaer señaló que “no debe haber un paraíso para quienes cometen actos de tortura”.
Violencia sexual
El presidente del Comité de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, Claudio Grossman, durante la revisión del informe del Vaticano sobre la aplicación de la convención para evitar esos abusos, preguntó: “¿Qué dice la santa sede sobre la violencia sexual contra los niños, es un delito contra la humanidad?”
Esto debido a que, para efectos de la convención de la ONU, la violencia sexual es considerada un acto de tortura.
A su vez, la experta Essadia Belmir expresó su preocupación por la tipificación de la pederastia en la legislación del Vaticano, la cual es considerada como “un delito grave contra las costumbres, pero no se le tipifica como lo estipula la Convención contra la Tortura”.
Belmir explicó que esto implica que las medidas disciplinarias para los autores de esos crímenes no sean acordes a la gravedad del delito y “promueven la impunidad”, por lo que alentó a la sede pontificia a revisar su definición con respecto a la violencia sexual.
Gaer, al retomar la palabra, también preguntó por los niños que han nacido producto de abuso de sacerdotes, los cuales no han sido reconocidos por sus padres y carecen de una serie de garantías y beneficios a los que tienen derecho.
