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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobierno de Oaxaca, por las afectaciones al derecho a la educación en agravio de alumnos de instituciones educativas oficiales en esa entidad, quienes fueron privados del servicio educativo a consecuencia del paro de labores docentes llevado a cabo por miembros de la sección 22 de la CNTE durante el periodo comprendido del 19 de agosto al 14 de octubre de 2013, del ciclo escolar 2013-2014.
La Comisión constató que durante los 38 días hábiles en que las labores docentes se interrumpieron, aproximadamente 892 mil 528 alumnos que representan el 94% de los educandos de la entidad fueron privados del servicio educativo al que tenían derecho.
A un año de ese paro de labores, la CNDH emitió la recomendación, a pesar de que ese ciclo escolar concluyó en julio y que en ese tiempo no mencionó nada al respecto para defender el derecho a la educación de casi un millón de alumnos de educación básica de esa entidad.
Hoy, sin embargo, a un año de ese paro magisterial de la sección 22 de la CNTE, la CNDH “observó violaciones a los derechos humanos a la educación, seguridad jurídica, así como al interés superior de la niñez, en agravio de alumnos de escuelas públicas de educación básica de la entidad, atribuibles al gobernador de Oaxaca y al director general del Instituto Estatal de Educación Pública de esa entidad, por la prestación inadecuada del servicio educativo, así como por la omisión de tomar medidas oportunas y adecuadas para garantizar el acceso al mismo”.
Dichas autoridades y miembros de la sección 22 de la CNTE, señaló el organismo en un comunicado, incumplieron una serie de obligaciones y principios que era su deber observar, y dieron prioridad a la satisfacción de intereses de un grupo sindical, “soslayando el deber jurídico de garantizar el derecho a la educación de los alumnos en Oaxaca”.
Al no otorgarse ese servicio público de manera ininterrumpida, se dejaron de observar las disposiciones legales, y los principios de continuidad, regularidad y eficiencia que rigen su prestación.
La CNDH informó que tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, por lo que se radicó de oficio el expediente respectivo al cual se acumuló una queja.
Confirmó que el 19 de agosto de 2013, fecha fijada para el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en el calendario oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública, las clases en escuelas de educación básica en el estado no iniciaron, sino hasta el 14 de octubre de 2013; inactividad que para el caso de algunos planteles educativos persistió hasta diciembre de 2013.
En la recomendación formulada, la Comisión Nacional hizo patente que la educación es, además de un derecho, un medio para realizar valores superiores del ordenamiento jurídico, para garantizar el desarrollo del individuo y el constante mejoramiento de la sociedad.
