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En el Congreso del estado se tomaron decisiones fuera de la Ley, impulsadas por quien carece de autoridad moral y sólo busca generar una cortina de humo que oculte desvíos incurridos en la pasada administración, señaló hoy el gobernador Graco Ramírez.
Así lo expresó luego de que los diputados acordaron una auditoría especial al crédito aprobado en 2013 al Gobierno del estado, y aprobaron un dictamen que concede al propio Congreso la trasferencia de 500 millones de pesos para la construcción de la nueva sede.
Con respecto a la auditoría al crédito, Ramírez Garrido señaló que “el que nada debe nada teme”, debido a que los recursos son auditados por el Poder Legislativo.
“Haremos público en el portal de Gobierno obras y montos para ubicar con trasparencia en qué está invertido este empréstito”, puntualizó.
Agregó que el Gobierno del estado no tiene inconveniente en que se realice la revisión, porque siempre ha defendido la trasparencia y la rendición de cuentas.
Graco Ramírez precisó que se cumple puntualmente con la Ley y cada tres meses la cuenta pública del Poder Ejecutivo se entrega al Poder Legislativo.
Sabemos que el principal impulsor de esta supuesta acción de trasparencia es el coordinador parlamentario del PAN, tratando de generar una cortina de humo para ocultar los desvíos ocurridos en la pasada administración, a la cual perteneció, comentó el Gobernador.
Graco Ramírez dijo que prueba de lo anterior, dos ex secretarios de Finanzas del Gobierno anterior están vinculados a proceso, uno bajo proceso en el Penal de Atlacholoaya, y otro bajo proceso en arraigo, gracias a un amparo.
“Pero el daño patrimonial que hicieron estos dos funcionarios está probado y por eso están vinculados a proceso”, puntualizó.
Con respecto al decreto en donde se pretende trasferir recursos del crédito al Congreso para que lo ejerza, el mandatario estatal refirió que son dos los grandes principios generales de derecho que rigen el actuar de los servidores públicos: Hacer únicamente lo que las leyes le encomienden y ejercer gastos previamente presupuestados.
En tal sentido mencionó que al Poder Ejecutivo corresponde realizar todas las acciones inherentes a los asuntos del estado, que emanan de las disposiciones del Poder Legislativo, actividades que son resultantes del principio de división de poderes.
Enfatizó que en términos de lo dispuesto por la legislación local, corresponde a la administración pública, dependiente del Gobernador del estado, la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas en bienes inmuebles que sean parte del patrimonio inmobiliario del estado.
“Por lo tanto esta resolución no tiene sustento legal porque el Poder Legislativo tiene otras atribuciones”, aseguró.
El Gobernador insistió en que los créditos aprobados por el Congreso del estado, forman parte del Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal para el que fueron aprobados.
Por lo que el crédito aprobado para el año 2013, sólo se puede justificar en el Presupuesto de Egresos del mismo año, por lo cual no existe ninguna facultad o atribución constitucional o legal para que el Poder Legislativo adquiera y construya el recinto que pretende.
“Como se aprecia el dictamen es ilegal y lo haremos valer y lo haremos saber”, finalizó el mandatario estatal.
