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RECHAZAN ORGANIZACIONES CIVILES LEY ANTIMARCHAS

La Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C. y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. rechazaron mediante un comunicado la regulación de las marchas.

comunicado

Con 292 votos a favor, una abstención y 100 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 2 de diciembre las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con lo que se otorgará el derecho de movilidad universal a toda persona, con lo que, aseguraron, se atiende los principios de igualdad accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

La reforma servirá para reprimir las marchas y manifestaciones con el pretexto de garantizar la movilidad de los ciudadanos, ya que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios tendrán que emitir leyes en materia de movilidad universal, lo que les daría la posibilidad de  impedir la libre manifestación en las calles.

Tras la reforma, el artículo 11 constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes y se le agregó que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

Sin embargo, se precisa que el ejercicio de estos derechos estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general.

En tanto, el artículo 73 indica que el Congreso está facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios en materia de movilidad universal, en los términos que establece la Constitución.

En un principio, la reforma fue impulsada por el panista Marcos Aguilar, quien la presentó hace unos meses, y su aprobación ocurre en medio de las manifestaciones y marchas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron desde el 26 de septiembre pasado.

Tras la sesión de este martes, la ley fue enviada al Senado y sus artículos transitorios señalan que el Congreso de la Unión debe expedir la Ley General de Movilidad en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Además, las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.

Aun cuando se ha dicho que la reforma al artículo 11 de la Constitución aprobada el día de ayer por la Cámara de Diputados busca asegurar el acceso universal al derecho a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y universalidad.

A pesar de lo anterior, no debemos perder de vista el proceso legislativo que se inicie en los próximos seis meses para reglamentar esta reforma constitucional. Es claro que en el contexto actual prevalece un afán criminalizador de la protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al sistema de justicia para inhibir su expresión. Como ya hemos señalado, se han presentado más de 10 iniciativas a nivel federal y local en los últimos dos años con la intención de restringir cualquier expresión de disenso y descontento social. De esas iniciativas, fueron aprobadas 3 este año que actualmente se encuentran vigentes Ley de Movilidad (DF), Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla (Puebla) y Ley de Ordenamiento Cívico (Quintana Roo).

Aun cuando la reforma constitucional señalada podría servir para garantizar el derecho a la movilidad, no deja de alarmar que se enmarque en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcional, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad. Lo que fortalece la preocupación de que a través de la Ley General de Movilidad se busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.

En la criminalización de la protesta han estado implicados todos los partidos políticos. Por ello llama poderosamente la atención, que en este contexto, el PRD señalé que se busca restringir la protesta, cuando en el DF se aprobó una Ley de Movilidad que sí pretende inhibirla. A la par, en los últimos dos años, la violencia policiaca contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático en la capital del país.

Vale la pena recalcar que dos juezas federales han declarado inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que pretendía supeditar la protesta al aviso previo, el fin lícito de la misma y la no utilización de vías primarias de circulación continua. Con ello se confirma la especial relevancia del derecho a la protesta en una sociedad democrática. Con estas resoluciones judiciales es claro que, en el caso de que el Congreso de la Unión pretenda transgredir los límites impuestos en su propio Dictamen y reproducir normas que inhiben la protesta, resulta imposible que sean avaladas por el Poder Judicial de la Federación.

Por lo anterior, se deben garantizar y maximizar los derechos fundamentales y evitar cualquier pretensión de restringir ilegítimamente el derecho a la protesta. Hacemos un enérgico llamado al Congreso de la Unión,  para que durante la revisión de la reforma y su eventual proceso de reglamentación constitucional, evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. En el mismo sentido, exigiremos a la Legislatura del Estado de Morelos, respetar plenos derechos de libre expresión y manifestación. Sobre tal proceso nos mantendremos vigilantes.

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