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Dentro de los funcionarios que ahora quieren regresar a trabajar en la secretaría de movilidad y transporte son aquellos que también buscaron un cargo de elección popular y no lograron ni ser candidatos se sus partidos como lo fue el caso de Gabriel Gómez Cruz quien pretendió llegar al municipio de Emiliano Zapata al no conseguirlo buscó su jubilación.
Lo delicado del caso es que para lograr su jubilación en el congreso de Morelos el pasado 26 de junio de 2015 habría presentado documentación falsa sobre sus lugares y tiempo de haber estado trabajando porque algunas fechas se empatan es decir laboraba en dos lugares distintos al mismo tiempo.
Dijo ser asesor jurídico del municipio de Emiliano Zapata durante 23 años y tres meses, es decir, tuvo que haber sido ratificado por siete presidentes municipales.
Pero las fechas que dijo trabajar en Emiliano Zapata también laboró en el gobierno del estado en transportes, seguridad pública de Morelos, en el ayuntamiento de Iguala Guerrero, asesor de Jiutepec, represente legal de transportes de Iguala, es decir ostentaba dos o tres cargos públicos.
La comisión de trabajo y previsión social de la pasada legislatura presidida por Héctor Salazar Porcayo habría aceptado la documentación y ordenó se le pague del erario público una pensión del 65 por ciento de su último salario que era como director de concertación política del gobierno de Morelos durante la administración de Jorge Messeguer por lo que ahora quienes extendieron las constancias de que laboró en Emiliano Zapata y haberle otorgado su jubilación podrían ser investigados.
Con ello se abre la puerta para que se haga una revisión a fondo sobre cuántos “funcionarios” han logrado pensionarse con cargo al erario que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos.
