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¿En dónde están los desaparecidos? Allá en el sur del alma. ¿Cómo se llama al desaparecido? Con el corazón apretando por dentro. ¿Quién tiene la certeza de lo que puede haber ocurrido a un desaparecido hace 27 años? Nadie. Interrogantes que se acumulan y muestran la sinrazón de la barbarie. Las razones de Estado por encima de la racionalidad humanitaria. El 16 de diciembre de 1988 fue la última ocasión en que, al pasar en un camión tocando canciones, un trovador vio a José Ramón cuando unos policías lo detuvieron en Cuautla.
Nunca más se le vio por alguna otra persona además de sus captores. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, creado por mandato del Gobernador Antonio Riva Palacio López, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del Comandante Apolo Bernabé Ríos García, los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia, llevándose a la tumba los secretos de Estado que significa el destino de José Ramón y otros desaparecidos. Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia, como lo expresó una de ellas durante un reciente mitin por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Similitudes con la situación actual en 2015 por la vieja práctica política de utilizar la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Dar por muertos a los desaparecidos es la misma decisión de los gobernantes, desde el Procurador de entonces hasta el actual que pretende cerrar el caso de los 43 con la entrega de cenizas. La fosa clandestina en Tetelcingo es solamente la continuidad de estas nefastas prácticas de un terrorismo de Estado que desaparece vivos y muertos, pretendiendo desaparecer la memoria y enterrar el olvido. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía tres décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición forzada, el Comité ad hoc de la ONU y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y las iniciativas de ley que se encuentran en el Senado de la República presentadas por organizaciones de familiares y defensoras de derechos humanos, que deberán dictaminarse próximamente y estaremos exigiendo que incluyan las aportaciones enviadas desde la sociedad.
Este 16 de diciembre estamos en Cuautla a las 11 de la mañana en el zócalo, para mantener la exigencia de justicia y verdad a 27 años de la desaparición de José Ramón y para decir que no olvidamos, porque una sociedad que olvida los crímenes de lesa humanidad está irremediablemente condenada a repetirlos una y otra vez. Y no debemos acostumbrarnos al horror cotidiano. No lo aceptamos como si fuera la única alternativa impuesta desde el poder. La lucha histórica de las doñas del Comité Eureka y actualmente las familias de FUNDEM, Victimas y Ofendidos de Morelos, las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros cientos de organizaciones, ha tenido la virtud de mantener la dignidad en todo lo alto. Buscar y localizar a las y los desaparecidos implica que se establezcan las políticas adecuadas, ya contempladas en la ley, en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en tumbas clandestinas, como es el caso de la tumba en Tetelcingo, Cuautla, donde deben esclarecerse la identidad de todos los cuerpos y sancionar a los responsables de su inhumación ilegal.
Como asegura Rosario Ibarra y su familia en carta sobre una novela en torno a Gutiérrez Barrios, artífice de las desapariciones en los años 70s: «Durante 40 años hemos buscado la verdad y hemos encontrado muchos rastros, pero mientras no tengamos la certeza, para nosotros, su familia y para todos los que luchan por encontrar a los suyos detenidos-desaparecidos en las cárceles clandestinas del mal gobierno, Jesús Piedra Ibarra sigue vivo al igual que todos los desaparecidos y así los seguimos reclamando».
Es importante destacar la exigencia de que el Gobierno de Morelos lleve a cabo la instalación del Mecanismo de Búsqueda y localización de las personas desaparecidas, tal como lo establece la ley Para Prevenir, Investigar y Erradicar la Desaparición Forzada en Morelos, aprobada por la Legislatura anterior, mismo que debió haberse creado 60 días posteriormente a su publicación en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” el día 2 de septiembre de 2015. Este mecanismo es fundamental para buscar y localizar a los 83 desaparecidos en los dos últimos años y a los cientos que se acumulan desde el 16 de diciembre de 1988 con la desaparición de José Ramón García Gómez.
Cuautla, Morelos, 16 de diciembre de 2015
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética.
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT).
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)
