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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), informa que congruente a la responsabilidad social que tiene con los ciudadanos ha iniciado una serie de visitas e inspecciones a distintos negocios y empresas, para localizar y en su caso, sancionar a quien o quienes no respeten el permiso de descarga de aguas residuales otorgado por este organismo descentralizado.
El SAPAC demuestra que trabaja en las acciones necesarias que ayuden a fortalecer el cuidado del medio ambiente, como parte de la investigación relacionada con las descarga de aguas residuales detectada en la barranca del Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec.
El SAPAC hace un llamado respetuoso a las autoridades estatales de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), y a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM), a llegar al fondo de la contaminación de la barranca y apantle del parque, en la obra que corre a cargo de una empresa privada contratada por ellos.
Los colorantes rojo y azul que tiñeron la descarga de agua residual los días 16 y 17 de enero hicieron visible la descarga, que, según informó el director del Parque, Julián Morón, a la comitiva de autoridades que inspeccionaron la zona, fue ocasionada por trabajadores de la empresa desde hace 15 días (03 de enero), para reparar dos fisuras del colector ubicadas metros abajo.
Esta acción representó la contaminación permanente de la barranca y apantle de Chapultepec, afectando los ejidos de Chapultepec, Tejalpa, Jiutepec, Parres, Atlacomulco y Acapantzingo.
Por todo lo anterior el SAPAC exhorta a las autoridades estatales a asumir su responsabilidad y establecer las sanciones administrativas y/o económicas correspondientes a servidores públicos del Parque, CEAGUA y de la SDS, que tuvieron conocimiento de la fractura intencional del tubo de drenaje que contaminó el caudal de la barranca durante 15 días.
Asimismo se les invita a dar a conocer el nombre de la empresa y establecer las sanciones económicas correspondientes como multas o vetos a la constructora o contratista que ocasionó la descarga que contaminó la barranca, la cual es considerada área natural protegida.
