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Desde el Gobierno del Estado, y por instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia, “asumimos con mucha responsabilidad la acción de colocar a la niñez y a la adolescencia en el centro de las políticas públicas para proteger sus derechos, escuchar sus opiniones y generar condiciones para su desarrollo integral”, así lo manifestó el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, al encabezar la instalación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Morelos, donde además tomó protesta a las y los nuevos integrantes.
“Hoy es un día muy especial porque estamos dando un siguiente paso para que la voz de niñas, niños y adolescentes sea escuchada y tomada en cuenta en las decisiones que impactan su presente y su futuro. Este Consejo nace para eso: para abrir un espacio donde puedan expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren para su comunidad y para su estado”, apuntó el secretario de Gobierno.
En presencia de María Eugenia Boyas Ramos, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) Morelos, el encargado de la política interna hizo hincapié que este Consejo permitirá conocer las problemáticas que les afectan, los temas que les interesan y las propuestas que tengan, además de que será un espacio donde verán que el gobierno se ocupa por las infancias y adolescencia, y cómo funciona.
Tras destacar que la tarea del Estado es garantizar que el derecho a participar se ejerza de manera libre, segura y respetuosa, Edgar Maldonado llamó a las y los integrantes a trabajar unidos para construir un Morelos más justo, incluyente y con mejores oportunidades para las niñas, niños y adolescentes.
En su intervención, María Eugenia Boyas subrayó: “La participación activa de niñas, niños y adolescentes de los distintos municipios del estado en los asuntos que les conciernen directamente es fundamental para fortalecer y orientar de manera efectiva los trabajos que se desarrollan desde el SIPINNA estatal”.
Añadió que constituye un eje transversal que permite mejorar la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, toda vez que escuchar sus opiniones y considerar sus propuestas brinda elementos objetivos para construir respuestas institucionales más pertinentes, acordes a los contextos locales y a las realidades que enfrentan en sus comunidades.
