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El Coordinador General de Administración y Sistemas de la Procuraduría General de Justicia, José Carlos Ramírez Sauceda y su colaboradora Lilia Meza Directora General de Recursos Humanos, de un momento a otro pudieran ser removidos del cargo a consecuencia de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de esta institución, y en el pago a proveedores.
Graves irregularidades que han salido a relucir tras la salida por jubilación del anterior titular de la PGJ, Pedro Luis Benítez Vélez y su secretario ejecutivo, Agustín Pedraza Montes de Oca.
Por información que se ha hecho llegar a algunos medios de comunicación con documentos y datos concretos, Agustín Pedraza, con el visto bueno del ex Fiscal, había establecido con sus incondicionales Ramírez Sauceda “cuotas mensuales de pago a proveedores”, como el de 50 mil pesos mensuales por consumo de diesel para la planta de energía eléctrica de la PGJ, que bajo ningún argumento se justifican.
Además había impuesto cuotas fijas de pagos de 250 mil pesos al mes por “la edición de trípticos, posters y cuadernillos”, que nunca se hacían sólo se cobraban, también el pago por servicios de arrastre de vehículos a la empresa de grúas “MG”, que se encuentra a nombre de Galindo Miranda Linda Magali, pero que es manejada por el hermano de Agustín Pedraza, de nombre Arnulfo, a la que se adeudan a la fecha, más de un millón de pesos de arrastres, o los pagos por “trabajos de mantenimiento” a alguna de las empresas de Carlos Ortega Villaseñor.
En consecuencia ante este tipo de “maniobras”, la actual administración de la PGJ, según ha trascendido ha solicitado la intervención de la Contraloría General y de la Auditoria Superior Gubernamental para que se investiguen a fondo estos “movimientos”, así como los “manejos” de plazas, bonos y otros privilegios que hacía Agustín Pedraza, a conveniencia con sus incondicionales como Lilia Meza y como uno de los funcionarios involucrados aún en activo compro una residencia en el barrio de Tlaltenango.
