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Como muestra del claro compromiso del Gobierno de la Nueva Visión con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad, se dio a conocer este lunes el resultado de la auditoría realizada al área financiera y administrativa del Poder Ejecutivo, correspondiente a la cuenta pública hasta septiembre de 2012, que no presenta la situación financiera real del estado, en desapego a las normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En conferencia de prensa, el secretario de gobierno, Jorge Messeguer Guillén, acompañado por los secretarios de Hacienda y de la Contraloría, Adriana Flores Garza y José Enrique Iñesta Monamay, respectivamente; así como el Procurador Fiscal Juan Salazar Núñez, reveló los resultados de esta auditoría contenida en dos tomos.
Messeguer Guillén explicó que la auditoría detectó diversas irregularidades, particularmente en el caso de la contratación de la empresa “Monedero Universal”, a la que se le pagó para la ejecución del Programa de Armonización Contable, del cual no se registró avance alguno por lo que se procedió a la recisión administrativa del contrato.
Por esta razón se interpuso el pasado 30 de marzo una denuncia penal contra quien resulte responsable, de la contratación de este servicio por un monto de 159 millones 964 mil pesos, lo que consta en la carpeta de investigación SC/01/3588/2013, por los delitos enmarcados en los Artículos 270 y 271 del Código Penal vigente.
De igual manera, se analiza el fundamento de una posible denuncia por la retención de impuestos a los trabajadores del Poder Ejecutivo Estatal que no fueron reportados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Secretaría de Hacienda federal por Impuesto Sobre a la Renta (ISR), y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, por un monto total de 207 millones 809 mil 165 pesos, y presentados en el Estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2012, descuentos observados que no fueron entregados a los proveedores de los trabajadores ni a las autoridades fiscales correspondientes, desconociéndose el destino o aplicación de dichos recursos.
Y detalló que de 67 expedientes revisados, por un importe de 175 millones de pesos, en 63 se observó la falta de transparencia en la contratación de bienes y servicios, mediante procedimientos contrarios a la Ley de Adquisiciones.
Respecto al Fondo de Seguridad Pública que se creó y sustentó del cinco por ciento de contratación de obra pública, se incumplió con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ya que se recaudó un monto de 96 millones de pesos, de los cuales 70 millones se trasfirieron a la cuenta concentradora del Gobierno del Estado en septiembre de 2012 sin justificación, aclarando sólo el destino de 48 millones de pesos otorgados a organizaciones sociales por aprobación del Consejo de Seguridad Pública, como fue el caso del Observatorio Ciudadano.
El secretario de Gobierno señaló que esta acción no pretende reflejar una actitud persecutoria, pero que no se pasarán por alto irregularidades de esta naturaleza: “No es una cacería, no es borrón y cuenta nueva, no es una persecución, pero tampoco vamos a ser tapadera de nadie”, dijo el encargado de la política interna en la entidad.
Respecto a la deuda pública adquirida por mil 500 millones de pesos, cuyo propósito era financiar acciones productivas, fueron detectados otros pagos que no respondían a este objetivo, además de irregularidades en procedimientos de la política de control interno que no se cambiaron pese a su mal funcionamiento y observaciones recurrentes, así como a la falta de control en el patrimonio estatal.
En este sentido, la secretaria de Hacienda, Adriana Flores, explicó que la deuda pública que recibió el Gobierno de la Nueva Visión tenía un saldo de mil 480 millones de pesos.
Por otra parte, Jorge Messeguer señaló que no existe evidencia de que durante la administración pasada, el gobierno estatal haya implementado medidas para fortalecer los sistemas de control interno y en consecuencia evitar la recurrencia de diversos tipos de observaciones determinadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado.
Finalmente, destacó que existen 71 observaciones pendientes de solventar de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que suman la cantidad de 758 millones de pesos, a lo que debe hacer frente el Poder Ejecutivo.
