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El capital cuenta con el poder judicial a su servicio. Los jueces actúan como abogados patronales, al considerar que los amparos promovidos por sindicatos para buscar la inconstitucionalidad de la reforma laboral son limitados e improcedentes. El Estado mexicano ha abdicado de su obligación de defender los derechos laborales y ha privilegiado el fortalecimiento del aparato represivo. Elevar las ganancias capitalistas es su objetivo, no los derechos sociales. Por eso imponen condiciones que van legalizando la esclavitud asalariada en todo el mundo del trabajo.
Fueron más de dos millones de amparos impugnando la modificación anticonstitucional de cerca de 300 artículos de la Ley Federal del Trabajo, que por su sola entrada en vigor afectan los derechos humanos y los derechos laborales adquiridos de los trabajadores en general, estos amparos son legítimos porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) contiene artículos contrarios a los derechos humanos laborales y a tratados internacionales. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos desde los primeros meses de este año, nos hemos dado a la tarea y compromiso social de seguir el trámite legal de los amparos interpuestos contra la reciente reforma laboral propatronal de origen priistas y panista, y violatoria de derechos humanos, así como de la Constitución Federal y de cientos de Tratados Internacionales en materia de mundo del trabajo. Por lo que a nuestra organización defensora de los derechos fundamentales corresponde, en días pasados el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con Residencia en el Distrito Federal, nos notificó un formal acuerdo y en el mismo nos informa que no pertenecemos a la clase trabajadora, que si bien solo tenemos un “Interés Simple” y no notan que se vea afectada nuestra actual esfera Jurídica, pues a criterio del respectivo Juez no resultamos ser trabajadores y trabajadoras y en consecuencia nuestros derechos que ahora reclamamos vía amparo no están siendo afectados a raíz de la entrada en vigor de la referida Ley laboral de tintes neoliberales. En síntesis resulta que para dicho funcionario no somos parte agraviada, que nuestra aseveración de que nos consideramos trabajadores/as, ya que para el Juez debemos comprobar que somos subordinados y tener un patrón. Cuánta ironía y falta de visión de un Juez, al no considerar que la inmensa mayoría de la clase trabajadora vivimos con precarios salarios, por lo que nuestro interés económico es de sobrevivencia y no de obtención de ganancias. Recordemos que fueron precisamente los 4 mil trabajadores de Nissan los que, aun comprobando trabajar al servicio de una empresa trasnacional, les negaron el amparo laboral.
Es dicho contexto por demás rigorista y para el Juzgador los peticionarios/as del referido amparo Indirecto (1847/2013), debimos haber acreditado el llamado “Interés Jurídico o Legitimo”, es decir evidenciar formalmente que en realidad somos subordinados a un patrón y en consecuencia como solo acreditamos el “Interés Simple”, mas no desde la óptica del juez el “Interés Legitimo”, por lo que se actualiza la causal de improcedencia, así mismo no se supera el requisito de procedibilidad para emprender el examen de constitucionalidad de Leyes esgrimido lo que conduce (según el Juzgado) a sobreseer e impide al juzgador analizar el fondo del asunto. De esta manera consiguen impartir una justicia a modo, sin proteger los derechos laborales que están constitucionalmente obligados.
Es lamentable que se siga manteniendo por parte del poder judicial ese tipo de tendencia. Y más aun en el caso de los demás millones de amparos que se interpusieron. Es preocupante que ni siquiera entra al fondo de estudio del asunto y muy negativo que de una manera simple y llana los declaren improcedentes. Está claro que esta acción jurídica de millones de trabajadoras y trabajadores puso en evidencia la necesidad de mantener la movilización social ante un poder capitalista-empresarial que cuenta con lacayos a su servicio antes que jueces con autonomía. Que nuestros esfuerzos no son vanos, y que el único camino sigue siendo la lucha organizada de la clase trabajadora para hacer que se respeten los derechos laborales como derechos humanos, por ello buscamos la unidad en el movimiento con los que efectivamente de una manera u otra están luchando o se oponen al proyecto privatizador. Desde la calle y en la movilización y construyendo organización seguiremos protestando contra la reforma laboral neoliberal y luchamos también contra la privatización y a favor de una renacionalización de la industria petrolera, eléctrica, del gas, y minera de México. Ese es el camino de lucha a seguir.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
