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Cuernavaca, Morelos, 26 de febrero de 2026.— Con 18 votos a favor y cero en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
La modificación establece de manera explícita que las reformas publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 22 de diciembre de 2025 —y vigentes desde el 1 de enero de 2026— solo aplicarán a trabajadores de nuevo ingreso, es decir, a quienes se incorporen al servicio público estatal después de esa fecha.
De esta forma, se mantienen intactos los derechos laborales adquiridos por el personal en activo, incluyendo prestaciones como aguinaldo, vacaciones, reconocimiento de antigüedad y acceso a jubilación o pensiones en los términos previos a la reforma.
La aprobación responde directamente a la fuerte inconformidad expresada por sindicatos y colectivos laborales desde inicios de enero de 2026. Organizaciones como el Frente Social en Defensa de los Derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Colectivo Amplio Morelos (CAM), sindicatos de la UAEM, del Tribunal Superior de Justicia, SME, Telmex y más de 20 gremios adicionales protestaron en el Zócalo de Cuernavaca y realizaron marchas masivas (como la del 30 de enero), argumentando que los cambios a los artículos 2, 42, 57 BIS y 58 eran regresivos y violaban derechos fundamentales.
Los principales reclamos sindicales señalaban que la reforma excluía o limitaba prestaciones clave para trabajadores con financiamiento mixto (recursos estatales y federales, comunes en convenios): pérdida o restricción del aguinaldo completo, reducción de vacaciones plenas, condicionamiento del reconocimiento de antigüedad para pensiones y cierre de la puerta a jubilaciones o pensiones híbridas (que combinaban beneficios de ambos regímenes).
Consideraban estas disposiciones una “agresión directa a la estabilidad laboral, la seguridad social y la dignidad de la clase trabajadora”, e incluso anunciaron posibles amparos colectivos.
La gobernadora Margarita González Saravia impulsó la iniciativa de precisión transitoria tras dialogar con las dirigencias sindicales, argumentando que la reforma original buscaba corregir acumulaciones injustificadas de beneficios que generaban pensiones insostenibles y comprometerían las finanzas públicas.
Con la adición del transitorio, se busca dar certeza jurídica, evitar interpretaciones retroactivas y cerrar el capítulo de controversia, garantizando equidad hacia futuras contrataciones sin afectar a quienes ya laboran en el gobierno estatal.
La medida fue recibida positivamente por varios sectores sindicales, que habían demandado esta aclaración para proteger derechos consolidados. El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial.
