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Claudia Marino.
Para evitar que los trabajadores de confianza que llegan cada tres años a laborar en las administraciones públicas de los ayuntamientos, demanden sumas millonarias a los municipios, el ayuntamiento de Puente de Ixtla está preparando una iniciativa de ley, así lo dio a conocer Gloria Iliana Gual Rivera, directora de asesoría jurídica del ayuntamiento ixtleco.
La funcionaria local comentó que ya están trabajando esto con la Secretaría del Trabajo y podrían presentar la iniciativa en dos meses más, a través de su diputado de distrito, Julio Espín Navarrete.
Gual Rivera consideró que el excedo de demandas laborales en los ayuntamientos es porque no hay reformas en la Ley de Servicio Civil y supletoriamente en la Ley Federal de Trabajo, por lo que la propuesta que presentará el municipio es que las personas que sean de confianza como son regidores, síndicos, secretarios, tesoreros, directores, coordinadores, etc. no tengan el derecho para demandar, con el argumento de que “son personas de confianza y en muchas ocasiones demandan cantidades exorbitantes, en promedio de más de 100 mil pesos por cada demanda” y si multiplicamos esto por el número de colaboradores que llegan a cada administración y que se tienen que ir, también en promedio hablamos de por lo menos 50 personas, la cantidad se vuelve un dinero que merma las finanzas del erario público.
En Puente de Ixtla, recordemos, hay una deuda millonaria por pago de laudo. A la fecha, ha pagado cinco millones de pesos en liquidaciones, y aún tiene que negociar 150 demandas más, una de ellas del secretario general del trienio pasado; del propio ex alcalde Víctor Salina Márquez, que antes de ser presidente en Puente era trabajador del ayuntamiento y al término de su gestión, demandó al municipio. Todo esto, aunado a otras tantas demandas heredadas incluso desde la época de Julio Espín Navarrete, ahora diputado local y presidente en el trienio 2000-2003
