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El 68 por ciento de los homicidios intencionales de noviembre de 2009 a la fecha, contaba con antecedentes penales y estaba relacionada con la delincuencia organizada. Mientras tanto un 10 por ciento de estas aún permanece en calidad de desconocida, informó el Procurador General de Justicia Pedro Luis Benítez Vélez, durante la comparecencia del Gabinete de Seguridad Pública ante diputados del Congreso del Estado.
Dichos datos, destacó el Fiscal Estatal, se obtienen del sistema criminalístico Plataforma México, el cual permite que mediante las huellas digitales de cualquier persona se obtenga su identidad, a través de conocer si cuenta con averiguaciones previas iniciadas, una multa de tránsito, alguna sentencia; si entró o salió de la cárcel y por qué; esto es, todo un historial de ilícitos y conductas de determinado individuo.
Sobre el 10 por ciento de aquellos que permanecen en calidad de desconocidos, manifestó, deriva de que ni siquiera ingresaron a algún archivo cibernético donde se pueda obtener sus huellas digitales, lo que indica que no tienen pasaporte, ni licencia de conducir que se haya expedido en estos sistemas.
Mientras que un 90 por ciento de ellos fue identificado, destacó Benítez Vélez, y una vez que son reconocidos, se hace un vaciado de datos que obra en la PGR y posteriormente las instancias federales intervienen en las indagatorias, “si ustedes observan, a veces las policías federales aquí y en otros estados de la República están realizando operativos, productos exactamente de la información de inteligencia de la policial federal, que van obteniendo de estos datos”, añadió en la comparecencia de este viernes 13.
Esto es, inmediatamente que la institución tiene conocimiento de la existencia de un cadáver, el personal del Servicio Médico Forense llega al lugar del crimen, lo protege con una cinta amarilla y comienza a procesar a través de ubicar cada uno de los cartuchos con una nomenclatura especial, y se van recogiendo con orientaciones que se hacen a través de los sistemas de las brújulas.
Posteriormente cada uno de esos cartuchos se examina mediante un sistema que se llama pericial en balística; en este aspecto Pedro Luis Benítez Vélez destacó: “ningún arma expide los cartuchos de manera igual, ni ningún proyectil queda maculado de la misma manera, aunque sean de la misma marca y el mismo modelo. Cada arma y proyectil tiene un registro específico que no es igual a ninguno. Son como las huellas digitales”.
Una vez que se realizan estas periciales, acotó, el cadáver es enviado al Servicio Médico Forense, se toman muestras y se mandan a patología, si es necesario se reconstruyen los cadáveres hasta que puedan ser identificados, sobre todo aquellos que vienen mutilados.
Al tener ya la identidad, la Procuraduría General de la República inicia sus investigaciones y en ese momento la PGJ de Morelos da por concluido sus servicios, a menos que le soliciten otros datos o que quieran que algún perito comparezca ante la Procuraduría o un Juzgado federal para dar conocimiento de lo que esta haciendo.
El Procurador Estatal detalló que de las personas que han fallecido, 66 por ciento son originarios del estado de Morelos, pero cuentan con registros delincuenciales; el 3 por ciento son del Distrito Federal, otro 3 por ciento de Guerrero, 2 de Michoacán y Estado de México, mientras que el uno por ciento es un ciudadano venezolano; DE los 24 por ciento restantes se desconoce su origen.
En otro orden de ideas y como parte de este esfuerzo en materia de procuración de justicia, Benítez Vélez refirió que la instancia a su cargo ha creado y fortalecido por lo menos 12 tópicos entre los que destacan las unidades especializadas en investigación de robo con violencia y violencia familiar; Ministerio Público Express; agencias prototipo, las que homicidios cometidos contra mujeres, homicidios intencionales, cursos y profesionalización en juicios orales; recuperación de vehículos; bienes asegurados; bandas de secuestradores desarticuladas (22 a la fecha con 70 detenidos, todos en prisión); laboratorio de patología, funcionarios sancionados, resultados de exámenes de control de confianza y operativos de la policía ministerial.
